El Ejecutivo vetó la ley de Protección de Menores

31 de julio de 2012 - 00:00

El ministro de Desarrollo Social, Oscar Pfeiffer, confirmó en diálogo con Radio Ancasti que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura el veto parcial de la Ley de Protección Integral para Niños y Adolescentes.

El funcionario explicó que el veto apunta a proteger a los niños y adolescentes con problemas a partir de brindarles contención y reinsertar a los menores que están en conflicto con la ley.

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Pfeiffer aseguró que no se respetaron las modificaciones acordadas con los senadores -antes de su aprobación-, donde se había hablado específicamente sobre el artículo 10, que establece todo lo relacionado con la parte Penal Juvenil.

Allí se evalúa el patronato, garantizando la protección adecuada y reinsertar a la sociedad a los menores que están en conflicto con la ley, indicó el funcionario.

A su vez, relató que también dialogaron con los jueces que había que implementar esas modificaciones.

El ministro recordó que durante la sesión de la Cámara Alta en Santa María se aprobó la ley sin tener en cuenta lo acordado anteriormente con los legisladores. Han incumplido, porque aprobaron a libro cerrado lo que habían aprobado los diputados, disparó Pfeiffer.

En ese marco, el funcionario dijo que el espíritu de la ley es lograr que los niños cuenten con una protección adecuada.

Hay que tener en cuenta que estamos hablando de menores y que es necesario que el Estado les brinde garantías y bienestar social, indicó.

Garantías

Además, consideró que en los casos de los niños judicializados pasarán a depender directamente de Desarrollo Social.

Creo que hay que reinsertar a los niños en la sociedad y no privarlos de la libertad. Aquí todos somos responsables y no es cuestión de mirar para otro lado, manifestó.

Finalmente, Pfeiffer dijo que igual seguirá trabajando para lograr los cambios propuestos y dijo no entender el apuro que tiene el FCS de avanzar con una legislación sin respetar lo acordado.

?La norma vetada parcialmente por el Gobierno regula el tratamiento para los menores que entran en conflicto con la ley penal, un tema que encabeza la lista de inquietudes políticas por la inseguridad.