El FCS amenaza con iniciar juicio político contra Lucía Corpacci

Desde la oposición anticipan que adoptarán medidas políticas contra el accionar del Gobierno. Cuestionaron el decreto acuerdo.

9 de junio de 2012 - 00:00

Diputados y senadores del FCS estudian la posibilidad de iniciar un juicio político contra la gobernadora Lucía Corpacci, tras el nombramiento por decreto acuerdo de Marcos Denett como Fiscal de Estado, luego de que el pliego del funcionario fuera rechazado por los senadores radicales en una controvertida sesión.

En el marco de la fuerte polémica que desató la ratificación de Denett, la oposición confirmó su postura crítica por la designación, a la cual calificaron como arbitraria y violatoria de la Constitución Provincial. Para el Gobierno, en cambio, la continuidad de Denett es legítima, bajo el argumento de que el Senado trató el pliego cuando ya se habían vencido los 30 días posteriores a la solicitud de tratamiento que establece la Constitución como plazo.

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La diputada Marita Colombo (FCS) tildó de inconstitucional la decisión del Ejecutivo y anunció la posibilidad del inicio de un juicio político a la Gobernadora. La verdad que la asunción de Denett es un acto inconstitucional. Que el Gobierno no venga ahora con el argumento de que el FCS no lo quiere a Denett por que no quiere ser investigado, disparó la legisladora en diálogo con El Ancasti.

Para Colombo, la decisión la Gobernadora la pone en condiciones de ser sometida a un juicio político, porque se apartó de lo que la Constitución establece en relación a la designación de funcionarios. Aclaró que será una decisión que deberá analizar todo el Frente Cívico.

Según Colombo, el fiscal de Estado ha incurrido en errores en distintas oportunidades al pretender ocupar el rol de la Justicia, cuando debería haber desempeñado su papel de instruir a la gente.

Habrá que ver qué grado de legitimidad procesal tendrá este Fiscal para defender los intereses de la Provincia, indicó Colombo.

Por su parte, el senador Víctor Luna (FCS) criticó la insistencia del Gobierno para que Denett continúe en el cargo. Flaco favor nos hacen; perjudican al sistema democrático y la convivencia en Catamarca, expresó.

Luna sostuvo que el Senado se ha pronunciado, pero que desde el oficialismo insistieron con maniobras evasivas en cuanto a la ausencia en la Provincia de la Gobernadora y el Vicegoberandor. Hasta el día de hoy no sabemos a dónde viajaron esos funcionarios. Un burda maniobra. Y ahora, esto del decreto que amerita un análisis muy puntilloso, reclamó.

Este decreto es una muestra de la antidemocracia y el no respeto por la Constitución, lo que genera un totalitarismo donde se creen dueños de la verdad absoluta, indicó.

También se refirió a las declaraciones del ministro de Gobierno, Francisco Gordillo, quien dijo que el rechazo del pliego por parte del Senado es un asalto a la decisión del pueblo.

El ministro se equivoca con sus dichos. Es cierto que ganaron una elección, pero la Constitución es clara: esto no debe ser una imposición del Ejecutivo, sino una cuestión que amerita la participación de otro poder, como lo es el Legislativo, disparó el senador.

Por último, Luna explicó que la polémica ha excedido el ámbito legislativo, porque a su entender, se puede llegar a judicializar. No hay que olvidarse que cuando dos poderes de Estado no logran entenderse y llegar a un acuerdo el conflicto se agrava, por lo que tendrá que intervenir un tercer poder que es la Justicia para poner fin a la controversia y no caer en un gobierno autoritario concluyó.

?Aseguran que el decreto acuerdo 847/2012 viola la Constitución de la Provincia.

?Sostienen que no se respetó la resolución del Senado por la cual se rechazaron los pliegos del funcionario.

?Consideran que la decisión de la Gobernadora es causal de un juicio político.

?Cuestionan el vocablo Acuerdo, porque remite a la convergencia de voluntades que no fueron respetadas por el Ejecutivo.

?Manifiestan que, si pretenden investigar actos de corrupción del FCS, mal podrá el Gobierno avanzar en este objetivo con un funcionario que puede ser impugnado judicialmente por su designación inconstitucional.