21 de junio de 2012 - 00:00
El ministro Molina, de acuerdo con la disolución del ENRE
Advirtió sobre la importancia y la necesidad de replantear las funciones que actualmente cumplen todos los organismo estatales.
El proyecto de resolución habla de una superposición de funciones.
En este sentido, hace mención a que las facultades atribuidas al ENRE, entre ellas el control y fiscalización sobre el cumplimiento de los contratos de concesión, la calidad técnica y comercial y el cumplimiento de los cuadros tarifarios son tareas que le corresponden ahora a las empresas con mayoría accionaria estatal.
También cuestiona Moreno el rol del ENRE como tercero imparcial para participar en el dictado de los actos administrativos de alcance jurisdiccional e intervenir en forma previa y obligatoria en toda controversia entre agentes de la actividad de las empresas privadas.
La posible desaparición del ENRE despertó la reacción por parte su presidente, Augusto César Acuña, quien inscribió la iniciativa en la disputa que mantiene el kirchnerismo con el FCS.
Acuña resaltó que la designación de los tres directores del ENRE se realizó con acuerdo del Senado. Y que los funcionarios sólo pueden ser removidos a través de un juicio político.
Está también la posibilidad de renuncia por enfermedad o razones personales, pero para sacar a los directores de su función el único camino es el juicio político, aseveró Acuña.
El titular del ENRE dijo que como hombre de la política y ciudadano común advierte que los legisladores de la oposición y el oficialismo están embretados en una discusión cuando deberían estar solucionando los problemas cotidianos.
Para él, dentro de la interna del oficialismo se disputan quién puede causar más daño en las filas de la oposición.
Esto no es lo que pregona la Gobernadora. No creo que el tema amerite mayor análisis, reflexionó.
Estatización y polémica
El Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE) se creó a mediados de la década pasada, cuando el Gobierno que por entonces encabezaba Arnoldo Castillo privatizó la distribución de energía eléctrica.
El papel cumplido por el organismo ha sido objeto de muchas críticas, debido a su pasividad ante los incumplimientos reiterados, sobre todo de la empresa EDECAT y el evidente fracaso de la gestión privada de los servicios.
Los funcionarios del ENRE se defendieron siempre con el argumento de que las sanciones que aplicaban eran anuladas por el Poder Ejecutivo.
El proyecto de resolución del diputado Jorge Moreno -que todavía no fue aprobado en la Cámara baja y en cualquier caso es sólo una propuesta al Gobierno- actualizó la discusión sobre el sentido que tiene el organismo cuando los servicios públicos son prestados ahora por el Estado.
Aparte de los fundamentos expuestos en su iniciativa, Moreno consideró que el ENRE es un aguantadero de radicales, un reducto de funcionarios de gestiones anteriores.
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