Acuña: “Solo pueden removernos del ENRE con un juicio político”
Para el director de extracción radical, todo forma parte de la disputa entre oficialistas y opositores.
El dirigente radical y presidente del directorio del Ente Regulador (ENRE) Augusto Acuña aseguró que la iniciativa legislativa a través de la cual se solicita la disolución del organismo de contralor forma parte de una disputa que mantienen oficialistas y opositores por otros temas. Y acotó que los directores solo pueden ser alejados de sus cargos tras la realización de un juicio político.
La designación de los tres directores del ENRE surgió a través del Poder Ejecutivo, que elevó los pliegos al Senado para su correspondiente aprobación. Es decir, a los tres directores solo pueden removernos por juicio político. Claro que está también la posibilidad de renuncia por enfermedad o razones personales, pero para sacar a los directores de su función, el único camino es el juicio político, aseveró Acuña a El Ancasti.
El funcionario también explicó que el ente de contralor posee un total de 26 empleados, los cuales están bajo planta permanente, y que únicamente los tres directores poseen cargos políticos. Y sostuvo que el presupuesto anual del ENRE configura 1,5 millón de pesos.
Disputa
Para Acuña, la iniciativa promovida por el diputado Jorge Moreno (FV) formaría parte de la disputa que mantiene el kirchnerismo con el Frente Cívico en el Poder Legislativo. Lo puedo observar como hombre de la política y ciudadano común; es que legisladores de la oposición y el oficialismo están embretados en una discusión que al pueblo no le soluciona los problemas cotidianos. Y dentro de la interna del oficialismo se disputan quién puede causar más daño en las filas de la oposición. Esto no es lo que pregona la Gobernadora. No creo que el tema amerite mayor análisis, reflexionó Acuña.
Contralor
Acuña explicó que, aunque las empresas de servicios se estaticen, debe existir un ente de contralor.
El ENRE cumple el mismo rol que siempre, porque aunque la empresa sea estatal o privado, no deja de ser una empresa. Hay derechos de los usuarios de tercera y cuarta generación establecidos en la Constitución Nacional- para ampararlos a través de organismos que regulan la discusión de tarifas, acotó el director a la par que agregó: Si es un tema político, porque no les gusta que estemos, deberían plantearlo en esos términos.
