10 de junio de 2012 - 00:00
Doro y Brandán apelaron elevación a juicio por las compras directas
La defensa hizo la presentación el viernes pasado. La causa fue elevada a juicio en mayo de este año por la Unidad de Delitos Criminales.
Tras la elevación a juicio, el fiscal Ezequiel Walther manifestó que hubo obstáculos en la investigación , ya que desaparecieron elementos claves como pruebas en la causa. También mencionó que hubo entorpecimiento en la búsqueda de los expedientes pedidos por diferentes organismos, ya que había falta de información y de respuestas en algunas instancias sobre los informes que requería la fiscalía.
El supuesto fraude al Estado provincial sería por un monto superior a los 21 millones de pesos, mediante la operatoria de compras directas de artículos de primera necesidad y alimentos que serían destinados para asistir a los sectores más vulnerables de la población catamarqueña.
Las millonarias compras por parte del Estado provincial comenzaron en forma desmedida con el aval que otorgó el decreto acuerdo N° 1544, firmado en diciembre de 2000 por el ex gobernador Oscar Castillo, que elevó el monto de las compras directas hasta 350 mil pesos por operación y exceptuaba a Acción Social de los requisitos para evitar desdoblamientos de compras tendientes a eludir el tope establecido.
Luego se detectó que se realizaron en poco tiempo varias compras de los mismos productos, desdobladas en varios expedientes que se tramitaban paralelamente.
En 2003, cuando Víctor Brandán se desempeñó durante nueve meses como subsecretario de Acción Social, se hicieron compras directas por unos 27 millones de pesos, con especial intensidad en tiempos previos a las elecciones y en los últimos días de la gestión del ex funcionario, antes de que asumiera como diputado provincial.
Al Tribunal de Cuentas le resultó imposible determinar si los elementos adquiridos habían llegado en efecto a manos de los beneficiarios. Y se determinó que un 70% de las compras directas se cerraron con un grupo de diez firmas, la mayoría de las cuales había iniciado sus actividades poco antes de comenzar a proveer al Estado. La causa se inició en 2004, tras una denuncia del entonces diputado Fidel Sáenz.
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