30 de mayo de 2012 - 00:00
Envían a juicio la causa por las compras directas en Acción Social
El pedido fue realizado por la Unidad de Delitos Criminales. Están acusados por más de una decena de fraudes en perjuicio del Estado.
Esta situación, sumado a que las transacciones se acentuaron durante las campañas electorales -ese 2003 hubo tres elecciones- y en la última etapa de Brandán antes de asumir como legislador, hicieron acrecentar las sospechas de manejos ilícitos.
La informalidad con la que se concretaban las comercializaciones destinadas a los sectores más vulnerables fue un gran obstáculo para que el Tribunal de Cuentas pudiera determinar fehacientemente si es que los artículos adquiridos eran finalmente entregados.
En 2004, el ex diputado Fidel Sáenz realizó una denuncia penal en la Justicia por supuestas maniobras fraudulentas. La causa recayó en la Fiscalía de Instrucción N° 4, a cargo de Patricia Olmi, hoy camarista y posteriormente quedó en manos de Alicia Cabanillas, actualmente jueza de Ejecución Penal.
En ese lapso, la causa constaba de un expediente de 400 cuerpos. Recién en diciembre del 2010, el caso quedó en manos del fiscal Ezequiel Walther de la Unidad Fiscal de Delitos Criminales, quien intentó avanzar en la investigación pese a las innumerables trabas, entre ellas la destrucción de pruebas en las oficinas de Acción Social.
Esta situación se acentuó particularmente luego del pedido de desafuero a Brandán realizado por el juez de Control de Garantías Jorge Rolando Palacios en 2005.
En agosto pasado, el fiscal Walther logró finalizar el decreto de determinación del hecho en el que especificó las contrataciones puntuales bajo sospecha, vinculadas a compras de alimentos, materiales de construcción, frazadas, juegos de ingenio, etc. Y avanzó concretaron en las declaraciones indagatorias a los cinco ex funcionarios imputados para enviarlos a juicio.
CRONOLOGÍA
?En diciembre de 2000, el por entonces gobernador Oscar Castillo y gabinete firmaron el decreto acuerdo 1544/00, por el cual elevaron el límite autorizado para las compras directas a $350.000 por operación. Se dejaba de lado la licitación y el concurso de precios.
?En 2003, Víctor Brandán asume como subsecretario de Acción Social y en los 9 meses de gestión desembolsó 27 millones de pesos destinados a las compras directas de artículos para los sectores más necesitados.
?En 2004, el entonces diputado Fidel Sáenz denunció en la Justicia las supuestas maniobras ilícitas cometidas por el área, que había realizado la mayoría de las operaciones con proveedores que se habían puesto en funcionamiento poco antes de ser contratadas por el Estado.
?En 2010, la causa recayó en manos del fiscal Walther de la Unidad de Delitos Criminales, quien un año más tarde indagó a los cinco ex funcionarios imputados. En mayo de 2012, la causa fue elevada a juicio oral.
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