Envían a juicio la causa por las compras directas en Acción Social
El pedido fue realizado por la Unidad de Delitos Criminales. Están acusados por más de una decena de fraudes en perjuicio del Estado.
Los fiscales de la Unidad de Delitos Criminales realizaron el pedido de elevación a juicio de la causa de las compras directas de Acción Social, en la que figuran como imputados el ex subsecretario Víctor Hugo Brandán y el ex ministro de Salud, Pablo Doro, entre otros tres ex funcionarios. El negocio del hambre consistió en la compra de artículos por una millonaria cifra a un reducido grupo de empresarios, de las cuales habían sido concretadas en la etapa final de la gestión de Brandán como subsecretario.
La causa tiene como imputados además de Brandán y Doro, a la ex directora del Servicio Administrativo de Acción Social Teresa del Carmen Miñaura; a la ex encargada del Servicio de Contaduría de la repartición Carlina Argentina Zurita y el ex encargado de depósitos Guillermo Martínez. Todos están encartados bajo los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública por administración infiel en concurso ideal e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El gobernador Oscar Castillo en diciembre de 2000 junto con su gabinete firmaron el acuerdo para que se eleve el límite autorizado para contrataciones a $350.000 por operación. De igual modo se libraba al área de cumplir con lo reglamentado en la ley de Administración Financiera, que buscaba impedir desdoblamientos en las compras que pudiera utilizarse para esquivar a los montos límites en una transacción única en varias operaciones menores.
Con esta eximición, según un relevamiento realizado por El Ancasti, el área conducida por Brandán durante nueve meses efectuó contrataciones por un valor estimado en 27 millones de pesos, los cuales fueron desembolsados -en un 70%- a un grupo de diez empresarios. Lo llamativo fue que este puñado de firmas no contaban con antecedentes de operaciones antes de ser proveedoras del Estado.
Esta situación, sumado a que las transacciones se acentuaron durante las campañas electorales -ese 2003 hubo tres elecciones- y en la última etapa de Brandán antes de asumir como legislador, hicieron acrecentar las sospechas de manejos ilícitos.
La informalidad con la que se concretaban las comercializaciones destinadas a los sectores más vulnerables fue un gran obstáculo para que el Tribunal de Cuentas pudiera determinar fehacientemente si es que los artículos adquiridos eran finalmente entregados.
En 2004, el ex diputado Fidel Sáenz realizó una denuncia penal en la Justicia por supuestas maniobras fraudulentas. La causa recayó en la Fiscalía de Instrucción N° 4, a cargo de Patricia Olmi, hoy camarista y posteriormente quedó en manos de Alicia Cabanillas, actualmente jueza de Ejecución Penal.
En ese lapso, la causa constaba de un expediente de 400 cuerpos. Recién en diciembre del 2010, el caso quedó en manos del fiscal Ezequiel Walther de la Unidad Fiscal de Delitos Criminales, quien intentó avanzar en la investigación pese a las innumerables trabas, entre ellas la destrucción de pruebas en las oficinas de Acción Social.
Esta situación se acentuó particularmente luego del pedido de desafuero a Brandán realizado por el juez de Control de Garantías Jorge Rolando Palacios en 2005.
En agosto pasado, el fiscal Walther logró finalizar el decreto de determinación del hecho en el que especificó las contrataciones puntuales bajo sospecha, vinculadas a compras de alimentos, materiales de construcción, frazadas, juegos de ingenio, etc. Y avanzó concretaron en las declaraciones indagatorias a los cinco ex funcionarios imputados para enviarlos a juicio.
CRONOLOGÍA
?En diciembre de 2000, el por entonces gobernador Oscar Castillo y gabinete firmaron el decreto acuerdo 1544/00, por el cual elevaron el límite autorizado para las compras directas a $350.000 por operación. Se dejaba de lado la licitación y el concurso de precios.
?En 2003, Víctor Brandán asume como subsecretario de Acción Social y en los 9 meses de gestión desembolsó 27 millones de pesos destinados a las compras directas de artículos para los sectores más necesitados.
?En 2004, el entonces diputado Fidel Sáenz denunció en la Justicia las supuestas maniobras ilícitas cometidas por el área, que había realizado la mayoría de las operaciones con proveedores que se habían puesto en funcionamiento poco antes de ser contratadas por el Estado.
?En 2010, la causa recayó en manos del fiscal Walther de la Unidad de Delitos Criminales, quien un año más tarde indagó a los cinco ex funcionarios imputados. En mayo de 2012, la causa fue elevada a juicio oral.
