19 de abril de 2012 - 00:00
La causa por las compras
En agosto del año pasado, el fiscal de la Unidad de Delitos Criminales, Ezequiel Walther, indagó el ex ministro de Salud y Acción Social, Pablo Doro, al ex subsecretario de Acción Social, Víctor Hugo Brandán, y a otros tres ex funcionarios, en el marco de la investigación por las compras directas en Acción Social, montado con la comercialización de artículos de primera necesidad y alimentos que serían destinados para asistir a los sectores más vulnerables de la población.
Walther se hizo cargo de la causa en diciembre de 2010. Para entonces, ya habían pasado seis años desde el inicio de las pesquisas, y el expediente, según trascendió, acumulaba 400 cuerpos, que ocupaban una pieza completa del edificio de Fiscalía.
Como ya es común en estos casos, con el pasar de los años se encontraron serias dificultades para reunir una red probatoria sólida debido a la desaparición de pruebas en la cartera de Acción Social, que se profundizó después de que un pedido de desafuero en contra de Brandán solicitado por el entonces juez de Garantías Jorge Palacios fuera rechazado por la mayoría radical en la Cámara de Diputados, en mayo de 2005.
Fuentes judiciales explicaron que de Acción Social desaparecieron hasta computadoras que supuestamente contenían información valiosa sobre las compras directas ejecutadas durante la gestión de Brandán, y que los problemas para obtener pruebas documentales se vieron agravados debido a la informalidad con que se manejaron las contrataciones en esa etapa.
Actualmente, el expediente cuenta con sólo 11 cuerpos y se reunieron elementos para avanzar en las indagatorias por presunto fraude en perjuicio de la administración pública por administración infiel e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Cuestión de Estado
En el mes de marzo, Fiscalía de Estado se constituyó en querellante particular en la causa El trámite se cumplió en la Justicia hace ya algunos meses y con la intención de que los representantes legales del Estado puedan tener acceso a la causa y participar de los movimientos que se producen en la instancia judicial.
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