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Rechazo al fallo de la Corte por la banca de Arturo Aguirre

Sostiene que la Corte pretende implementar el gobierno de los jueces.
27 de marzo de 2012 - 00:00
La diputada Cecilia Guerrero (FV) salió al cruce del fallo de la mayoría de la Corte de Justicia que pidió a la Cámara baja que en la primera sesión ordinaria incorpore al diputado Arturo Aguirre y trate el título del legislador.



En la argumentación, Guerrero sostiene que el fallo ha sentado un peligroso precedente jurisprudencial por parte de la Corte de Justicia local que tiene implicancias netamente políticas. Concluye que la sentencia es causal de suma gravedad institucional.



En este contexto sostiene que la Justicia pretende suplir la voluntad mayoritaria de la Cámara de Diputados por la voluntad de dos jueces, en alusión al voto mayoritario de los doctores José Cáceres y Enrique Lilljedahl. Agrega que se avanza sobre facultades políticas propias y exclusivas del Poder Legislativo para reemplazarlas por el gobierno de los jueces.



También se cuestiona la decisión de la Corte de haberse declarado incompetente pero al mismo tiempo haber aceptado el recurso de amparo que había presentado el médico renovador. Por vía de una cautelar, incurren en anticipo de jurisdicción al resolver la cuestión de fondo con relación a la cual se declararon incompetentes, en abierto apartamiento de las normas jurídicas y de la jurisprudencia imperante.



La legisladora señala que incurre la Corte en apartamiento del principio general de que los jueces incompetentes no pueden dictar medidas precautorias, configurando el único caso en la Provincia de amparos promovidos contra actos del poder político en que se hace lugar a este tipo de medidas. Recuerda que la propia jurisprudencia provincial ha sido remisa en todos los casos anteriores (Roberto González, Carlos Gómez, Octavio Gutiérrez) a adoptar este tipo de medidas, ya que en los precedentes citados fueron rechazadas las medidas precautorias peticionadas.



Por otro lado, cuestiona el argumento esgrimido por el fallo de la Corte cuando indica que la decisión de postergar el ingreso de Aguirre a la Cámara baja se realizó con mayoría simple y no por mayoría calificada. El argumento de la mayoría calificada no ha sido ni siquiera propuesto, esgrimido, ni pedido por el amparista. Exigen mayoría calificada en una cuestión (tratamiento de pliegos de diputados electos) que por ley se resuelve por simple mayoría.



Además, indica que se violenta el principio de jerarquía de las normas al priorizar el reglamento interno de la Cámara de Diputados (artículo 39) por encima de normas constitucionales.



Advierte que la Cámara baja queda en una situación difícil cuando la Corte declara la incorporación de Aguirre, y en caso de que se rechace el título del legislador se generarían derechos a favor del médico renovador.



El fallo de la Corte constituye un claro anticipo de jurisdicción, ya que por vía de la cautelar, ha resuelto el fondo de la cuestión que no es otro que la Cámara de Diputados trate en la primera sesión ordinaria el pliego del legislador electo, con la gravedad de que lo declara incorporado al cuerpo.



Guerrero defiende el dictamen de mayoría de la Cámara baja al indicar que fue clara al requerirle al diputado Aguirre que resuelva su situación procesal penal en alusión a la causa abierta en la Justicia por la compra de medicamentos oncológicos cuando era director de la OSEP.

Conflicto de poderes

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Silvia Moreta, señaló que el bloque del Frente para la Victoria todavía no tomó ninguna decisión con respecto a la incorporación de Aguirre y al examen del título.



En esta línea manifestó que el bloque kirchnerista no tiene todavía una posición unificada.



Son varios los diputados que analizan el fallo como la existencia de un conflicto de poderes, al entender que la Justicia avanzó sobre facultades del Poder Legislativo.
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