27 de marzo de 2012 - 00:00
Fiscalía es querellante en la causa de las compras directas
El Estado podrá seguir de cerca la investigación judicial sobre los hechos de corrupción de la gestión anterior que están sin resolución de la Justicia.
La operación fue posible por el polémico decreto 1.544, firmado por el ex gobernador Oscar Castillo, por el cual había elevado a 350 mil pesos el monto para realizar compras directas.
Mucho tiempo debió pasar para que Víctor Brandán finalmente fuera indagado por la Justicia por las compras de directas de Acción Social. Es que en diciembre de 2003 el ex funcionario asumió como diputado provincial (2003-2007) y en su momento el FCS impidió el desafuero del legislador.
También, abogados de Fiscalía de Estado se constituyeron en querellante particular en otras causas, tal el caso del Megafraude de Desarrollo Social, que saltó a la luz por una investigación de El Ancasti en 2004.
Es que durante la corta gestión del ex secretario de Desarrollo Social, Pablo Córdoba Molas, se financió con dinero del Estado provincial cursos de perfeccionamiento que no se realizaron o que se habían llevado adelante sin el número de asistentes declarados y por los que se pagaron abultadas sumas. Hace pocos días, la causa tuvo algún movimiento por la resolución del juez José Carma que ordenó el inicio del juicio oral y público contra los ex funcionarios de Desarrollo Social, Córdoba Molas y Ariel Regina. La medida fue apelada por el fiscal Ezequiel Walther y por los abogados de los funcionarios.
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