20 de marzo de 2012 - 00:00
Megafraude: Córdoba Molas y Regina serán enviados a juicio
El juez de Control de Garantías N° 2, José Antonio Carma se expidió en torno a la investigación por la denominada causa de las fundaciones.
En septiembre del 2010, la Cámara de Apelaciones dictó la nulidad de la causa, por lo que el expediente retornó al Juzgado de Control de Garantías. ¿El motivo? Arriazu, Córdoba Molas y Regina habían apelado debido al sobreseimiento de los otros siete involucrados.
Carma no fue apartado del caso y tuvo en sus manos la resolución tras las oposiciones planteadas por las defensas de los tres imputados.
Casi dos años después y a más de siete años de denunciado públicamente por El Ancasti el hecho, el juez Carma revisó la sentencia y emitió el dictamen resolutorio.
Lo que resta
Tras el fallo, sólo resta esperar si es que el Ministerio Público, en este caso representado por el fiscal de instrucción Ezequiel Walther, apela los sobreseimientos de Arriazu y Diamante, aunque en el caso del primero existe un precedente desde Apelaciones que lo consideraba ajeno a la investigación.
En relación con Córdoba Molas y Regina, sus respectivos defensores tienen un plazo para oponerse al dictamen.
De no suceder así, Carma enviará finalmente la causa a juicio oral y público.
Los hechos
En el 2004, El Ancasti dio a conocer la denuncia en la que se involucraba a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y a un grupo de empresarios, propietarios de fundaciones que tenían a su cargo la concreción de jornadas de capacitación para docentes.
El organismo, a cargo por ese entonces, de Córdoba Molas, financiaba con dinero del Estado provincial, cursos de perfeccionamiento que no se realizaron o que se habían llevado adelante sin el número de asistentes declarados y por los que se habían pagado abultadas sumas.
Las sospechas estaban además centradas en la asombrosa celeridad con la que expedientes de entre $130.000 y $270.000 eran pagados. Esta situación, en principio irregular fue el detonante para que los empleados de las áreas de Tesorería y Contaduría General también fueran investigados.
La instrucción reveló que el daño causado al erario provincial ascendía a unos 4,2 millones de pesos.
Ocho años de espera
?En el 2004, El Ancasti ventiló las supuestas maniobras fraudulentas, al advertirse que el Estado costeaba cursos de perfeccionamiento, los cuales no se realizaban o tenían el número de asistentes inferior al real.
?La investigación realizada apuntó a Córdoba Molas, Regina -funcionarios de Desarrollo Social- y los empresarios Arriazu y Diamante. También 7 empleados del Estado fueron investigados.
? En 2010, Carma envió a juicio la causa, pero desde la Cámara de Apelaciones solicitaron que la sentencia sea revisada.
? En 2012, el juez de Garantías mantuvo la acusación contra Córdoba Molas y Regina, y dictó el sobreseimiento de Arriazu y Diamante.
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