Otro proyecto que pide informes por la megalicitación de viviendas
La iniciativa pide conocer si hubo acuerdos previos entre el IPV y los empresarios para acordar condiciones que pudieran excluir a otros oferentes.
El senador de Paclín, Jorge Agüero (FCS), ingresó ayer un proyecto por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial que, a través del organismo competente, informe sobre el proceso de licitación de 1.300 viviendas ante las sospechas de un supuesto acuerdo entre las empresas constructoras que participaron de las 39 licitaciones que se abrieron para la construcción de viviendas en Capital e interior.
La iniciativa ingresó el lunes pasado y solicita que se detallen aspectos relacionados con las licitaciones públicas N° 01 a 39/2012 en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas, Techo Digno, a cargo del Instituto Provincial de la Vivienda.
En este marco pide que se detalle si en el presupuesto de la Provincia- Ejercicio Fiscal año 2012, se han contemplado las partidas para afrontar las erogaciones que demandan las viviendas licitadas y si los recursos responden a fondos nacionales o provinciales.
En el segundo punto solicita saber si antes del llamado a licitación se realizaron reuniones previas con la Cámara de la Construcción a fin de acordar condiciones que sean excluyentes para las personas físicas o jurídicas no afiliadas o que no integran esa institución.
En el tercer ítem, Agüero reclama conocer si se han respetado los plazos legales para la tramitación de la documentación que exige la obra pública y si se han emitido los dictámenes aprobatorios, técnicos, jurídicos y contables sobre los pliegos generales y de especificaciones técnicas.
Además, pide conocer si los terrenos que se ofrecerán para el asentamiento de los núcleos habitacionales tendrán la correspondiente certificación catastral y del Registro de la Propiedad y el estudio de suelos que garantice la estabilidad de la estructura habitacional y las medidas que se exigen.
El proyecto se fundamenta en la necesidad de contar con información oficial sobre este tema, toda vez que declaraciones de funcionarios, instituciones y el sector privado, vinculado al rubro de la construcción generaron situaciones de dudosa transparencia en el procedimiento licitatorio, indica el proyecto que se hizo eco de las sucesivas publicaciones del diario El Ancasti.
Los diálogos previos con posibles oferentes, plazos ajustados entre venta de pliegos y apertura, juricidad catastral y de títulos de tierras, factibilidad técnica de infraestructura y estudios de suelo con intervención de los municipios que deben emitir las respectivas constancias, ameritan que los organismos responsables respondan al informe que se solicita.
Otra iniciativa
Otro pedido de informes fue el que el martes presentó el bloque de diputados del FCS que contiene una mayor cantidad de ítems en el proyecto iniciado.
Como informó este medio, las sospechas en torno a la megalicitación para la edificación de 1.300 viviendas se profundizaron al detectar varias coincidencias entre una lista que circuló en los días previos y que supuestamente daba cuenta del modo en que se distribuirían las obras, y las ofertas que efectivamente se presentaron por distintas empresas constructoras en el acto del martes 6.
Silencio de los constructores
El presidente de la Cámara de la Construcción, Víctor Núñez, evitó responder a El Ancasti por las extrañas coincidencias entre el listado previo que daba cuenta de la distribución de las viviendas para una determinada cantidad de empresas y las ofertas que finalmente se presentaron el martes 6 para la construcción de las 1.300 viviendas.
En los últimos días, este medio intentó comunicarse con Núñez pero no respondió a las inquietudes periodísticas.
El titular del IPV, Octavio Gutiérrez, había admitido el diálogo previo que mantuvo con la entidad. Y Núñez no tuvo objeciones al proceso.
