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Diputados del FCS piden informes por la megalicitación de viviendas

Legisladores se hicieron eco por el supuesto acuerdo entre las empresas constructoras.
13 de marzo de 2012 - 00:00
Ayer ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de resolución por el que solicita que el Poder Ejecutivo, a través de Instituto Provincial de la Vivienda, informe a la mayor brevedad los aspectos fundamentales -objeto, monto, plazo de ejecución, fuente de financiamiento, empresas oferentes- de la megalicitación derivada del Programa Federal de Construcciones de Viviendas denominado Techo Digno. La iniciativa fue presentada por los diputados del bloque oficialista Miguel Vázquez Sastre, Jorge Sosa, Juan Pablo Millán, Verónica Rodríguez Calacibeta, Luis Andraca, Silvina Tello, Ricardo Del Pino, Julio Salerno y Raúl Giné.



En los argumentos, la iniciativa alude a la publicación que realizó El Ancasti en la que se refleja un supuesto acuerdo entre empresas constructoras para acceder a la licitación de 1.300 viviendas.



También señala otras irregularidades en el llamado licitatorio. Según surge de los boletines oficiales N° 11 y 12 del corriente año, se establece como monto total del presupuesto oficial tope la suma de $ 201.224.250. Ahora bien, en los boletines oficiales N° 13 y 14 del mismo año, el monto tope establecido asciende a la suma de $ 211.674.250. También señala: El escaso margen desde el llamado para la apertura de sobres, dispuesta primero para el 28 de febrero y luego para el 1° de marzo y por último prorrogada para el 6 de marzo.



Los legisladores resaltan: Llama la atención, no solamente la cantidad de empresas que fueron adjudicadas, sino el escaso margen de tiempo para la adquisición de los pliegos por parte de las mismas empresas, y por supuesto, las diferencias de los montos de tope totales en la licitación, advirtiendo incluso, según surge de los boletines, que la venta de los pliegos respectivos se establece desde el 10/02/12 al 24/02/12.



Más adelante agrega: Estos indicios resultan graves y concordantes en el sentido de un acuerdo totalmente contrario a los fines del proceso licitatorio que promueve la mayor concurrencia de oferentes para que el Estado contratante pueda escoger la mejor oferta fruto de la competencia. Pero aquí evidentemente no hay concurrencia libre, ni competencia, con lo cual el procedimiento de contratación se encuentra viciado en perjuicio del Estado y de la necesidad pública de viviendas que se pretende satisfacer.



Si bien un acuerdo entre oferentes es muy difícil de probar, sin embargo los propios dichos del secretario de Vivienda y del presidente de la Cámara de la Construcción, reflejados en El Ancasti dan cuenta de la existencia de conversaciones preliminares. La existencia de una lista previa que publicó este medio, más la coincidencia entre ese listado y las propuestas ofrecidas, la compra específica de pliegos de condiciones, la falta de concurrencia y las modificaciones de los pliegos de licitaciones en forma irregular, son indicios más que suficientes, por su precisión, gravedad y concordancia de la existencia de un acuerdo, apunta el proyecto de Resolución.



Los diputados solicitan que el Poder Ejecutivo informe:



a) Nombre de las empresas constructoras que adquirieron cada uno de los pliegos de las 39 licitaciones públicas.



b) Cuántos oferentes se presentaron en las licitaciones públicas 01/12 al 39/12.



Así también que en virtud de las declaraciones públicas realizadas por el secretario de la Vivienda, Octavio Gutiérrez, se pide que se aclare cuáles fueron los lineamientos acordados con el presidente de la Cámara de la Construcción, Víctor Núñez, tendientes a evitar trabas burocráticas. Y si fueron dados a publicidad los citados acuerdos a fin de que los empresarios que no integran la Cámara de la Construcción y la comunidad en su conjunto pudieran informarse al respecto, entre otros puntos.



Los legisladores nucleados en el bloque del FCS aseguran que las conductas señaladas pueden provocar la paralización o nulidad del procedimiento por causa de los acuerdos advertidos y hasta por la participación, cuanto menos ingenua y torpe de la Administración al establecer contactos con las empresas tendientes a evitar demoras en el proceso licitario, pero que implican la posibilidad de acuerdo perjudiciales para la Administración.



El silencio del ministro Dusso

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Rubén Dusso, dijo que no realizará declaraciones con relación a la supuesta cartelización para la adjudicación de viviendas sociales del IPV.



No puedo opinar sobre el proceso de adjudicación porque no es de mi área, manifestó Dusso en declaraciones a El Ancasti.



Dusso se suma a los funcionarios gubernamentales vinculados con la obra pública que hicieron silencio ante la investigación realizada por este medio, la que da cuenta de un presunto reparto previo, entre empresas del medio, para la construcción de 1.300 viviendas.
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