Sin reacción oficial ante presunta cartelización de la obra pública
El informe presentado por este diario da cuenta de un probable acuerdo entre empresas para el reparto de diversas obras.
Los principales funcionarios del Gobierno vinculados con la obra pública hicieron silencio de radio frente a la investigación presentada por El Ancasti, la que daría cuenta de un presunto reparto previo, entre empresas del medio, para la construcción de 1.300 viviendas.
Frente a las sospechas de un singular proceso de cartelización, el ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso, optó por no dar ninguna respuesta sobre la problemática. Igual actitud asumió el secretario de la Vivienda, Octavio Gutiérrez, quien también evitó referirse al tema.
A su vez, el presidente de la Cámara de la Construcción de Catamarca, Víctor Núñez, no quiso brindar declaraciones a este diario.
Sólo el titular del IPV, Dante López Rodríguez, realizó declaraciones, aunque éstas fueron en torno al proceso licitatorio de las viviendas. (Ver aparte).
En todos los casos, El Ancasti intentó -en reiteradas oportunidades a lo largo de todo el día de ayer- comunicarse con los funcionarios del Gobierno y el representante de los empresarios de la construcción. La negativa a brindar una explicación fue el común denominador.
Coincidencias
En su edición de ayer, este diario público dos listados con obras. Uno formaba parte de un presunto reparto previo de las 39 licitaciones de obras para la construcción de viviendas en Capital e interior, del cual tomó conocimiento El Ancasti un par de semanas antes de la apertura oficial de los sobres. Y el otro, el listado que finalmente fue dado a conocer por el IPV el pasado martes 6 del corriente tras la finalización del concursos de ofertas, coincide casi en su totalidad con la planilla bajo sospecha.
Es a partir de estas suspicacias que surgen una serie de dudas sobre la transparencia del concurso de precios. Y sugiere la posibilidad de un acuerdo entre empresas de Catamarca para el reparto de las diferentes obras sin que sus propuestas, efectivamente, compitan con las correspondientes ofertas de precios. De comprobarse esta situación, se trataría de una cartelización, acción penada por la ley.
Etapa de preadjudicación
El administrador del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Dante López Rodríguez, se refirió al procedimiento licitatorio de las viviendas y la etapa en la que se encuentra el mencionado acto administrativo, antes de remitir las carpetas al Tribunal de Cuentas.
Nosotros lanzamos el proceso de licitación tal como está establecido por ley. Las empresas al igual que ciudadanos interesados en la temática tuvieron el debido acceso a la consulta de pliegos en las oficinas del IPV. En todo momento se brindó la información requerida, señaló López Rodríguez a El Ancasti.
A su vez, indicó que están trabajando en el proceso de preadjudicación. Esto incluye el período de impugnaciones y el análisis en detalle de cada una de las licitaciones. Se observa la documentación adjuntada sobre los terrenos y si en las carpetas figura algún faltante. Es un trabajo donde se pone la lupa en todas las ofertas, precisó el funcionario.
