1 de marzo de 2012 - 00:00
Megalicitación de viviendas: crecen las sospechas
La megalicitación es contraria al espíritu de transparencia que anima a cualquier proceso licitatorio. Antes bien, parece estar orientado a beneficiar a ciertas empresas.
En el último sobre se presentará la oferta económica de la empresa, que no podrá superar al presupuesto oficial pero tampoco podrá ser muy baja en relación con el precio tope.
Sin transparencia
Tal situación hace presuponer que, en realidad, contrariando el espíritu de transparencia que debería animar a todo proceso licitatorio, las firmas conocen de antemano los requisitos exigidos e incluso que han tenido contactos previos con las autoridades encargadas de llevar adelante el proceso. Tales contactos, al cabo de un tiempo, fueron reconocidos tanto por el secretario de la Vivienda, Octavio Gutiérrez, como por el titular de la Cámara de Construcción, Víctor Núñez.
El acuerdo no se limitaría sólo a adelantar los requisitos y las condiciones exigidas en el proceso licitatorio, sino también a establecer un reparto de los complejos habitacionales que construiría cada firma. Obra en poder de este diario una planilla en la que se grafica qué obra haría, según este supuesto acuerdo previo, cada una de las empresas intervinientes en el proceso.
Para abonar aún más el estado de sospecha existente, el administrador del IPV, Dante López Rodríguez, acaba de confirmar que hasta el viernes pasado se vendieron 39 pliegos para participar de la licitación. Casualmente, o no, la cantidad de pliegos vendidos con la cantidad de licitaciones organizadas por el IPV.
El acuerdo entre la Secretaría de la Vivienda y algunas empresas, además de ser contrario a las reglas del juego que plantean las licitaciones, deja afuera a otras empresas que no participan de la mesa chica de este consenso previo. Como sucedía durante el período en el que ejercía el poder el Frente Cívico y Social, el paquete de obras ya está predestinado a ciertas empresas.
El antecedente más polémico en la materia fue otra megalicitación, de similares características, impulsada el año pasado por el gobierno de Eduardo Brizuela del Moral.
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