Legisladores nacionales solicitaron que el desalojo en la ruta 60 se debata en el Congreso.
Referentes de la oposición política nacional salieron a repudiar ayer los enfrentamientos entre la Policía y los ambientalistas en Tinogasta y pidieron que el debate se traslade al Congreso.
El diputado radical Ricardo Alfonsín anunció que presentará un pedido de informes en la Cámara de Diputados y solicitará las sanciones correspondientes a los responsables. También dijo que le gustaría que el Gobierno, que se jacta de ser el gobierno de la paz y los derechos humanos, condenara inmediatamente esta represión.
Repudio ésta y cualquier otra represión violenta. El uso de la fuerza jamás debe ser justificado y la función del Gobierno es la de garantizar los derechos de la ciudadanía, apuntó Alfonsín.
Por la Coalición Cívica, el diputado Adrián Pérez evaluó que sin argumentos para dar el debate en el terreno de las razones, las autoridades apelan a la fuerza, y pidió que el Congreso debata la cuestión de la megaminería.
El avance de los proyectos de minería a cielo abierto pone en serio riesgo los ecosistemas y la salud de los habitantes de las regiones donde se instalan y sólo generan enorme rentabilidad a las corporaciones extranjeras que se benefician con los contratos. Hay que discutir un modelo de desarrollo serio y sustentable, indicó en un comunicado.
La referente del Frente Amplio Progresista, Victoria Donda, le advirtió a la presidenta Kirchner que si le importa tanto la soberanía de las Islas Malvinas debería ser importante defender también la soberanía de nuestra cordillera, y le pidió que ordene un plebiscito entre los pobladores de las provincias en las que se realiza la minería a cielo abierto, para que ellos decidan si están de acuerdo o no con este tipo de emprendimientos.
El vicepresidente del GEN, Juan Carlos Juárez, también condenó la violencia que -aseguró- ejercen tanto el Gobierno nacional como el provincial sobre los ciudadanos civiles indefensos, y dijo que es evidente que con la promulgación de la Ley antiterrorista se quiere controlar y dar un marco legal a la represión.
