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Polémico estreno de la ley Antiterrorista con los ambientalistas

El fiscal de Santa María aplicó la normativa para imputar a nueve antimineros.
1 de febrero de 2012 - 00:00
La ley antiterrorista, aprobada en diciembre pasado por el Congreso, tuvo un estreno polémico por el bloqueo antiminero que se realizó en la ruta nacional 40. El fiscal de Santa María, Julio Landivar, aplicó la flamante normativa para procesar con la imputación de terrorismo a nueve asambleístas detenidos durante una protesta contra el proyecto minero en La Alumbrera en esa provincia. El lunes último los asambleístas presentaron un recurso de hábeas corpus en la Justicia Federal de Catamarca .



Según informó ayer el fiscal federal de Cámara Federal , Antonio Gustavo Gómez, los manifestantes fueron liberados horas después de su procesamiento. También resaltó que era «la primera vez que se aplica» la normativa, aunque criticó al fiscal Landivar por haber utilizado un delito federal en la Justicia provincial. Para Gómez, éste último se debería haber declarado incompetente en el caso.



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Los conflictos comenzaron la semana pasada, cuando se produjeron las primeras detenciones en el corte. Todos los apresados fueron liberados dos horas después, pero al día siguiente el fiscal dispuso nuevos arrestos y, posteriormente, la aplicación del artículo 213 bis del Código Penal, que es contemplado (y sus penas agravadas) por la nueva ley antiterrorista.



En este punto, el fiscal federal sostuvo que Landivar tiene dos razones para no ser competente: una es que es una ruta nacional donde se produce la protesta, y otra es que aplica un artículo que a partir de la nueva ley antiterrorista es un delito federal. Gómez, resaltó además que la ley antiterrorista posee una excepción en la que afirma que no se aplicará en casos donde sean reclamos de defensa de Derechos Humanos, sociales o constitucionales.





Jurisprudencia



Por otra parte, fuentes de la Justicia Federal afirmaron que conforme a la jurisprudencia que ya se aplicó en otras oportunidades, la Justicia Federal no es competente para intervenir en un conflicto en el que no se produce un bloqueo total de la ruta. Es por eso que consideraron oportuno la intervención de los fiscales provinciales.
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