Neuropsiquiátrico: puede haber más involucrados

El fiscal que investiga la causa no descartó otras maniobras fraudulentas.

4 de diciembre de 2012 - 00:00

El fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública que investiga la estafa en el Hospital Neuropsiquiátrico de La Merced, Marcelo Sago, anticipó que además de los tres imputados que ya recuperaron la libertad, podría haber más personas involucradas en la causa. Esto se develará a medida que se avance en la investigación.

Como se informó, la maniobra fraudulenta partía de la emisión de cheques para cubrir diversos gastos del Neuropsiquiátrico de La Merced con facturas apócrifas. A su vez, algunos cheques que iban en general de los $2 mil a $5 mil, figuraban a nombre de personas inexistentes o incluso de internos insanos del mencionado neuropsiquiátrico.

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De acuerdo con estimaciones preliminares, se habría causado un perjuicio económico el erario público sólo en 2009- por alrededor de $200 mil.

Por esta causa, la médica Isabel Labiaguerre (Jefa del Área Programática N° 3), Stella Maris Gómez (Jefa del Servicio de Administración) y Roberto Acosta (empleado del Tribunal de Cuentas de la Provincia), quienes se encontraban detenidos en la Comisaría de la Mujer y en la Brigada de Investigaciones, respectivamente, quedaron en libertad el sábado pasado aunque siguen ligados a la causa.

En declaraciones a Radio Ancasti, Sago indicó que hasta el momento se investigan 34 hechos, pero no se descartan que pudieran surgir elementos que confirmen la existencia de más hechos delictivos en el marco de la misma investigación.

Según relató, la investigación comenzó con una denuncia por alimentos en mal estado en 2009 y desde allí se disparó toda la investigación que derivó en el hallazgo del fraude contra la administración.

Todo esos hechos están referidos al 2009, pero se va a seguir investigando.

El fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública dijo que los imputados prefirieron hacer uso del derecho que les asiste de no prestar declaración y que fueron liberados tras el pago de una caución de 50 mil pesos. Aclaró asimismo que la decisión respecto de la situación laboral de los imputados es competencia del Ministerio de Salud y del Tribunal de Cuentas. Es resorte de los organismos qué hacer con esas personas, definió.

Precisamente, respecto del rol que le cabría al empleado del Tribunal de Cuentas en la comisión de los delitos, Sago se excusó de dar precisiones por razones de prudencia, pero adelantó que ,sin ser proveedor del Estado ni del psiquiátrico, cobró varios cheques por servicios que no existían. Del mismo modo, admitió que no está acreditada aún la relación con las otras imputadas.