Entre la noche del martes y el mediodía de ayer, el ingreso de la imprenta donde se produce diario El Ancasti fue bloqueado por un grupo de canillitas que responden al Sivendia, la organización que nuclea a los vendedores de diarios. El cabecilla del piquete era Juan Ochoa y junto a él había otros tres canillitas más y una docena de chicos con bombos, quienes serían barras de un club de fútbol capitalino y que, por cierto, no venden diarios ni revistas.
Debido a ello, gran parte de los ejemplares del diario no pudo ser distribuida en el interior de la provincia. Sólo se alcanzó a cubrir algunos puntos de venta de Capital. Para salvar la carencia, El Ancasti Digital adelantó la publicación de su edición electrónica, para que los lectores con acceso a Internet pudieran leer el diario como si fuera en papel.
Aquella noche, los revoltosos quitaron la tapa gigante que se exhibe en el display de entrada de la imprenta, la rompieron y en su lugar pegaron afiches con consignas alusivas al Día del Canillita, que se celebró ayer en todo el país. Además, insultaron a directivos del diario y de la imprenta y profirieron amenazas de todo tipo.
La pretensión de ese grupo de canillitas era que El Ancasti no saliera ayer a la calle. Alegaron en ese sentido la vigencia de la Ley nacional 26.540, promulgada en diciembre de 2009, que declara el 7 de noviembre como el Día de los trabajadores vendedores de diarios y revistas de la industria periodística, y dispone que en esa fecha los trabajadores no prestarán labores.
Sin embargo, dicha ley no prohíbe bajo ningún punto de vista que los diarios puedan imprimir sus productos y comercializarlos a través de sus propios canales de venta. Al no ser los canillitas empleados en relación de dependencia de esta empresa sino trabajadores independientes, pueden optar por tomar el descanso consagrado en la ley y no vender el diario, pero de ninguna manera pueden impedir que el diario se edite y circule libremente.
Así lo entendió la Justicia provincial a propósito de un recurso de amparo interpuesto en 2010 por trabajadores de Editorial Capayán S.A. contra el Sindicato de Canillitas, en el cual dispuso que los primeros podrán gozar plenamente de su derecho constitucional a trabajar y ejercer toda industria lícita, y de usar y disponer de su propiedad (art. 14 de la CN). Y a la vez ordenó la medida de no innovar en contra del sindicato, sus representantes y representados, a fin de que se abstengan de realizar cualquier acción que de alguna manera obstaculice, limite o impida el ejercicio de los derechos de los amparistas a editar, imprimir, publicar y distribuir el diario El Ancasti los días 6 y 7 de noviembre del corriente año.
Pese a este antecedente, ayer el mismo grupo de canillitas impuso su actitud patoteril e impidió la salida del diario. Directivos de Editorial Capayán advirtieron sobre esta situación a responsables de la Subsecretaría de Seguridad de la Provincia.
La Policía provincial se hizo presente en el lugar, pero sólo para realizar tareas de prevención. La Unidad Judicial de La Chacarita se ocupó de tomar nota del estado de cosas y dispuso el resguardo de los bienes. Pero ninguna autoridad permitió que el diario saliera a la calle. Alegaron que no podían ordenar el desalojo del piquete. La Policía sostenía que no podía actuar sin una orden puntual de la Justicia y la Justicia, que no hacía falta ordenar nada a la Policía porque los uniformados conocían cuál era su responsabilidad. Así las cosas, de la única forma que podían intervenir era si la camioneta cargada con ejemplares avanzaba contra los manifestantes. Hacía falta que corriera sangre, que se cometiera un delito.
Sin dudas, este sistema no sirve de nada para quienes sólo aspiran a trabajar y circular libremente. Los extorsionadores tienen más derechos que los ciudadanos que pretenden ejercer una actividad lícita. Con estas reglas de juego, nadie está exento en Catamarca a padecer una situación similar o peor.
Curiosamente, el bloqueo en el Día de los Canillitas solamente afectó a El Ancasti. Otro medio gráfico de la provincia pudo imprimir y salir a la calle con plena libertad. Es obvio que la medida estaba direccionada exclusivamente a este diario, pese a que los canillitas venden todos.
Y fue este pequeño grupo de canillitas el que decidió, compulsivamente, que la gran mayoría de sus pares no lleven el pan al hogar en esa jornada. Y, fundamentalmente, que miles de lectores de El Ancasti no puedan estar informados como cada día.
La lógica es perversa: para que este puñado de vendedores no trabaje, nadie más puede hacerlo. Ni los periodistas, ni los gráficos, ni los publicistas, ni los anunciantes que dependen de un aviso para vender sus productos, ni los demás canillitas.
El Ancasti acudirá una vez más a la Justicia provincial para hacer valer su derecho. Accionará civil y penalmente contra este grupo de canillitas que alega defender su conquista laboral sobre la base de la extorsión, la amenaza y el cercenamiento de los derechos de los demás.
