4 de noviembre de 2012 - 00:00
"El TC reconoce que fue responsable de la burocracia"
El legislador aludió a la última Acordada del organismo por la que se eliminan los controles previos a los proyectos de regalías mineras.
El Tribunal dicta la Acordada por la falta de reglamentación de la ley, señaló y responsabilizó a la gestión anterior que por no avanzar con la reglamentación del artículo quinto de la ley de regalías mineras.
Ante la ausencia de la reglamentación, el Tribunal pretendía verificar el correcto cumplimiento de la ley . Mi criterio es que se excedió en sus facultades y hoy ante la existencia del proyecto de ley que ya tiene despacho en una de las comisiones, el TC se adelanta a los acontecimientos y reconoce su error, consideró el legislador.
Ante el vacío legal que existirá hasta que el Poder Legislativo sancione la ley, o el Poder Ejecutivo tome alguna determinación, Argerich propuso que intendentes, concejales y habitantes sellen unpacto social en el que se defina qué es el desarrollo económico para esa localidad y, por lo tanto, en qué se pueden invertir esos fondos. Jamás pretendí un extremo de liberalidad en el control de la inversión de los fondos. El proyecto habla de la creación de una unidad de Gestión que todavía no se ha creado, señaló .
Las joyas de la abuela
Estamos vendiendo las joyas de la abuela y me pregunto qué hacemos con el producto de esas joyas, ¿lo gastamos en becas, en sueldos, en remodelar una plaza o lo gastamos en obras que contribuyan al desarrollo económico?, se preguntó el legislador al reflexionar sobre el gasto de los recursos mineros.
La iniciativa de Argerich pretende crear una Unidad de Gestión que elaborará los proyectos para la inversión de los fondos mineros.
Esa unidad de Gestión estará integrada por los Ministerios de Producción, Hacienda y Finanzas y Gobierno y por técnicos de todos los ministerios que tenga como objeto proponer, asesorar, evaluar y autorizar los proyectos a ejecutar por los municipios.
El organismo a crearse deberá consensuar con cada intendente el perfil productivo de la jurisdicción y propondrá los proyectos que estime más convenientes. Se establece que se deberá resolver la ejecución en un plazo máximo de 15 días, contados desde la recepción de la iniciativa, con el objeto de evitar la gran burocracia que existe.
De esta manera, el Tribunal de Cuentas solo tendrá que realizar una auditoría anual para certificar cómo se realizó la inversión de los fondos, la que está fijada por la ley 5128.
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