domingo 23 de agosto de 2026

El FCS le pedirá a Gordillo que intervenga para que Guaraz cumpla sentencia

Acompañarán al edil Guillermo Leguizamón (FCS), a quien se le niega la restitución de la banca.

Diputados del FCS le pedirán al ministro de Gobierno, Francisco Gordillo, que intervenga ante el intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz, para que se cumpla la sentencia de la Corte de Justicia por la que se restituye en el cargo al concejal Guillermo Leguizamón y al secretario parlamentario, Mario Páez. Así lo confirmó la diputada Marita Colombo.



Vamos a presentar una nota al ministro de Gobierno para que se haga cumplir el fallo de la Justicia y se deje asumir a Leguizamón. Ya que el concejal Pedro Suárez cumplió su período, señaló Colombo. El fallo llegó tardío para él, habrá que ver ahora si el intendente de Santa Rosa o quién va a cargar con el sueldo, siempre el Estado termina pagando, sostuvo la legisladora.



El martes pasado los diputados Juan Pablo Millán y Rubén Herrera (FCS) se trasladaron hasta la localidad de Bañado de Ovanta, Santa Rosa, para acompañar a Leguizamón y a Mario Páez, ex secretario parlamentario del Concejo Deliberante, para que asuman sus funciones. Sin embargo, la presidenta del Concejo Deliberante, Ester Guaraz, se niega a cumplir con la sentencia.



Cuando nosotros llegamos ya se estaba labrando un acta en la que se dejaba constancia de que no se los quería recibir. El Concejo Deliberante sesiona los martes y en las dos últimas semanas no hubo sesión sólo para no dar cumplimiento a la orden de la Justicia, agregó el diputado Millán.



El Concejo no funciona, nos presentamos en la Comisaría para solicitar el resguardo y acompañamiento a los ciudadanos que quieren que se cumpla con la orden de la Justicia. Hablamos con el juez de paz como una gestión protocolar, indicó Millán.



En noviembre de 2010, la concejal Esther Guaraz, hermana del intendente Elpidio Guaraz, suspendió en el cargo a dos concejales que cuestionaban la gestión del jefe comunal y pretendían suspenderlo.



Por esa acción se inició un conflicto de poderes ante la Corte de Justicia. Dos años después , el máximo tribunal de Justicia ordenó que se restituya en el cargo a los ediles y funcionarios suspendidos.



Sin embargo, desde hace ya tres semanas que Leguizamón y Páez no pueden volver a cumplir funciones por diversas maniobras para impedir que se cumpla la sentencia.





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