La Corriente Progresista Radical, sector que lidera el diputado José Sosa, realizó una dura crítica por la falta de pronunciamiento de la Unión Cívica Radical por los cuatro jóvenes que murieron en la tragedia de la Alcaidía. Además, el sector reclamó la renuncia del ministro de Gobierno, Javier Silva.
A través de un documento recuerdan que el FCS se forjó al amparo de un reclamo de justicia en alusión al caso María Soledad Morales.
En este marco, el sector critica la falta de un pronunciamiento orgánico de la conducción de la UCR.
El radicalismo ha sostenido desde sus origen la defensa irrestricta de la vida, de la paz, de la democracia y de la libertad. Siempre ha estado del lado de los que más necesitan. A comienzos de los 90 en Catamarca estuvimos del lado que había que estar, acompañando y comprometiéndonos con el reclamo de justicia, y luchando contra lo que denominamos el régimen, corrupto, feudal y familiar que gobernaba Catamarca.
Más adelante, señalan que la UCR debe estar al lado de las víctimas y acompañando el reclamo de justicia. No avalando con silencios cómplices a funcionarios ineptos y farsantes que ya demasiado daño le han hecho, no solo a una fuerza política, sino al pueblo de Catamarca, consigna el documento.
Sin piedad alguna, la línea interna del radicalismo arremetió en contra los funcionarios que perjudican al Gobernador en la transición.
Brizuela del Moral merece terminar su mandato bien y salir por la puerta grande, pero la mediocridad e inutilidad de su entorno de funcionarios y dirigentes acríticos, serviles y chupa medias, lo están arrastrando a una salida no deseada. Por ello nuestra propuesta originaria fue una transición, ordenada, acordada y madura con el nuevo Gobierno. La respuesta no fue otra que jugar infantil y unilateralmente a subestimar a quienes nos habían ganado las elecciones, señala.
En esta línea, exigen la renuncia del ministro de Gobierno, Javier Silva, por ineptitud manifiesta, negligencia y displicencia cuanto menos en el desempeño de sus funciones. Y señalan que los funcionarios son fusibles en cualquier gobierno que se precie de gobernar de cara a la sociedad, máxime ante estos hechos de profunda gravedad.
Por último, advierten que si no se toman las medidas que sugiere el sector serán mayores los costos que deberá pagar el FCS hasta el 10 de diciembre.Revanchismo político
La CPR denunció maniobras para lograr la intervención federal. Advertimos sobre acciones políticas que están llevando adelante ante el Gobierno de Cristina Kirchner algunos operadores del peronismo, que llenos de revanchismo político, trabajan la eventualidad de lograr que intervengan el Gobierno del FCS, o cuanto menos el Poder Judicial de la Provincia. Ante esto manifestamos nuestro más enérgico repudio a estas conductas antidemocráticas, señalan.
