Argerich quiere que el TC se expida por las viviendas

La transición/ Sigue la polémica por la licitación de 1.000 unidades habitacionales

24 de agosto de 2011 - 00:00

E l diputado peronista Hugo Argerich presentó un proyecto de resolución a través del cual solicita al Tribunal de Cuentas que fiscalice si la inversión de los fondos públicos realizada por el administrador del Instituto Provincial de la Vivienda o el ministro de Obras Públicas, con relación a la licitación de 1.000 viviendas realizadas en el presente año, se ajusta a lo previsto en la Ley de Presupuesto del ejercicio 2011, N° 5321.

El legislador opositor también pretende que el TC informe a la Cámara de Diputados respecto de los resultados de la fiscalización solicitada en el apartado precedente y las responsabilidades emergentes de los funcionarios actuantes, si correspondiere. Fundamentos

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Argerich sostiene que es de público conocimiento que durante el año en curso, el Gobierno provincial anunció e inició el proceso licitatorio para la construcción de 1.000 viviendas que no se encuentran incluidas dentro de la Ley de Presupuesto.

El artículo 189° de la Constitución de la Provincial dispone que: el Tribunal de Cuentas... tendrá a su cargo: a) fiscalizar la percepción de inversión de los caudales públicos hechos por todos los funcionarios y administradores de la provincia..., advierte el diputado.

Argerich recuerda que el ente de contralor debe emitir opinión y/o sancionar a los eventuales responsables. Contra los nombramientosArgerich también cuestionó el proyecto presentado por su par Marita Colombo (FCS) para ampliar el presupuesto del Ministerio de Salud y poder realizar nombramientos en áreas del organismo, recordando que el rechazo de la oposición a la iniciativa obedece a que no designa un monto específico, entre otras falencias que hay, como ser que el Ejecutivo tiene la facultad de ampliar el presupuesto de esa área afectando montos de otras.

El legislador mencionó que cuando se analizó el Presupuesto 2011, el ministro de Hacienda, Mamerto Acuña, defendió 2.000 puestos con los que se iban a solucionar problemas de personal en Salud, Educación, Seguridad y demás áreas. Si en vez de nombrar a familiares y amigos hubieran priorizado la calidad de los servicios que deben prestar, esto no estaría pasando, indicó.