28 de julio de 2011 - 00:00
Mendoza prepara nueva acción contra la Promoción industrial
apelarán el fallo judicial que habilitó la aplicación del decreto 699/10 que extiende el régimen fabril
Días atrás, el tribunal federal de Mendoza, integrado por Alfredo López Cuitiño, Otilio Romano y Antonio Alberto Endeiza, rechazaron el amparo presentado por la Cámara el año pasado, que tenía frenado el decreto presidencial.
En la sentencia, los magistrados desestimaron el recurso por considerar que la asociación empresaria sanrafaelina no tenía representatividad.
Si la Corte falla a favor de la continuidad del régimen, la Nación estará en condiciones de firmar los convenios respectivos con las Provincias y extender por 15 años el régimen fabril.Jalile insiste con extensiónEl precandidato a diputado nacional por el MIRA, Gustavo Jalile, participó ayer de una reunión con dirigentes de la localidad de Los Altos, Santa Rosa, en donde se interiorizó sobre la situación institucional y política local con vistas a las primarias de agosto.
En ese marco, ratificó que la polémica suscitada en torno a la promoción industrial se debió a una mala interpretación de los dichos de Ricardo Alfonsín, quien en Mendoza se despachó en contra del régimen.
Jalile sostuvo la necesidad de promover una reforma de la promoción, de manera que todas las provincias puedan contar con beneficios para la radicación de industrias de forma competitiva, como una manera de dar trabajo genuino a la población en condiciones dignas y equitativas.
No obstante, sostuvo que ello sin perjuicio de contemplar beneficios específicos para provincias cuyo desarrollo se encuentra condicionado por las distancias y la falta de infraestructura.También en la corteEstrategia de BederNo solamente los mendocinos buscan que la Corte Suprema decida la vigencia de la promoción industrial. Días pasados, desde el gobierno riojano, que encabeza el kirchnerista Luis Beder Herrera, adelantaron que la provincia acudiría al máximo tribunal del país para pedir la ratificación del decreto 699/10. Para ello, se iba a solicitar la declinatoria de juez federal, que implica la inhibición de todos los magistrados que entienden en el tema, para que sea directamente la Corte la que confirme o no el instrumento que firmó el año pasado CFK. El planteo riojano se iba a sustentar en el artículo 117 de la Constitución, que hace referencia a la competencia del tribunal en casos que involucren a las provincias como sujetos jurídicos. No obstante, esta nueva estrategia legal se diseñó antes del fallo de la Cámara Federal de Mendoza que avaló el decreto, por lo que no se sabe cómo continuará.
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