Dalla Lasta, jaqueado en sus explicaciones de la causa EDECAT
Terminó enredado en la estrategia que él mismo diseñó tras la toma del control de la privatizada
Dos horas y media bastante incómodas pasó ayer el asesor general de Gobierno, Guillermo Dalla Lasta, en la Legislatura ante las preguntas y comentarios de los diputados opositores de la comisión de Hacienda y Servicios Públicos, que cuestionaron severamente la actuación de los abogados del Estado en la causa contra EDECAT, afectada por un primer revés judicial.
Dalla Lasta no salió airoso de la reunión. Ensayó una defensa de las decisiones tomadas por la Provincia en la causa contra EDECAT, pero terminó enredado en su propia estrategia jurídica, admitió que la Provincia ya baraja otras alternativas al margen de la vía judicial para resolver el conflicto con la energética, le endilgó errores al contrato original de concesión hecho por el FCS en 1995 y hasta renunció, acorralado por la oposición, a sus honorarios como abogado a favor del Hospital de Niños.
La vía elegida. Una pregunta que los diputados del Interbloque realizaron con insistencia al asesor general de Gobierno fue por qué razón se había optado por ejecutar la prenda siguiendo la vía judicial en lugar de sacar a la venta en licitación pública administrativa el 51% de las acciones de IATE, controladora de EDECAT, dentro de los 120 días que marcaba el contrato de concesión para este caso y tal como lo reclamaba el decreto 2080 por el cual el Estado toma el control de la empresa en octubre de 2008.
Dalla Lasta dijo que era de cumplimiento imposible convocar a licitación de las acciones en ese plazo, más teniendo en cuenta la falta de información y hasta el vaciamiento de la empresa. Pero también dijo que no conocía antecedente de ejecución de una prenda por vía administrativa y que el Estado no podía sacar a la venta acciones de las que no es ni era titular. Sin embargo, el diputado Miguel Figueroa Vicario le señaló que sus dudas estaban respondidas en los artículos 5 y 6 del mismo contrato de prenda, que preveía cómo ejecutar la prenda administrativamente. Figueroa Vicario señaló, citando el contrato prendario que, si EDECAT incumple la Provincia puede ejecutar de inmediato las acciones prendarias, las cuales deberán ser vendidas en licitación pública internacional. ¿Cómo? La pregunta tiene su respuesta en el artículo 5°, donde IATE y EDECAT le dan un poder especial a la Provincia para que venda las acciones. No hace falta a la Provincia ser titular o tener incluidas en su patrimonio el 51% de las acciones clase A, porque hay un poder especialmente conferido para hacerlo. La respuesta estaba en el contrato de prenda, señaló el legislador.
Dalla Lasta terminó admitiendo al final que había optado por la vía jurídica en la ejecución prendaria para respaldar el accionar del Estado. Pero reconoció que de haber avanzado la vía judicial, igualmente la Provincia habría tenido que elaborar los pliegos para la licitación de las acciones que ordenara la Justicia.
Los plazos. Otro punto que resultó contradictorio en la defensa que Dalla Lasta ensayó ante los legisladores es el que tenía que ver con los plazos de resolución del conflicto. Tras señalar que confeccionar los pliegos para sacar a la venta las acciones en los 120 días era de cumplimiento imposible, remarcó que esa labor administrativamente hubiese llevado al menos un año de trabajo, por todos los cambios que ameritaba. Por eso optó por lo que se consideró una vía expeditiva, la ejecución prendaria judicial, que demoró dos años y siete meses hasta lograr un fallo de primera instancia, que ahora será apelado por el Gobierno.
Los errores de base. Acorralado por las preguntas de los legisladores, el asesor general de Gobierno terminó arrogando parte de los errores que hoy se arrastran en la relación del Estado con EDECAT al contrato de concesión en su redacción original, hecha al calor de la ola privatizadora de los 90, pero firmada por una gestión del FCS la de Arnoldo Castillo- en 1995. Tampoco supo responder, al ser consultado sobre el tema, acerca de las razones por las cuales, durante la renegociación del contrato con la privatizada, a mediados de la década pasada, tampoco se buscó corregir esos errores ni se lo hizo recientemente, al prorrogar por dos años más la concesión.
Las responsabilidades. El ministro Juan Acuña, quien también había sido citado al recinto, prácticamente no intervino en defensa de las actuaciones del Gobierno. Resaltó que los asesores legales del Ministerio no habían participado en la confección de la estrategia judicial. De todos modos, Figueroa Vicario le recordó que, pese a ello, el decreto 2080 le daba al Ministerio a su cargo la responsabilidad de confeccionar los pliegos para sacar a licitación las acciones. Ante la respuesta evasiva de Acuña, Figueroa insistió: Se lo pregunto yo ahora, pero se lo va a preguntar un fiscal de instrucción penal. También el diputado Roberto Perrota le advirtió a Dalla Lasta que por el cariz que tomaban sus explicaciones como mínimo le cabría una mala praxis.El asesor de Gobierno dijo que el contrato de concesión original, de 1995, tenía errores. >Una prórroga bianual silenciosaNadie lo sabía hasta que el propio asesor general de Gobierno lo dijo, como al pasar, durante la reunión con los legisladores ayer. La Provincia, por recomendación del ENRE, prorrogó por dos años más el contrato de concesión a EDECAT, que sigue siendo privada pese al control que desde octubre de 2008 viene ejerciendo el Estado sobre la empresa.
Dalla Lasta dijo que hace un mes, unos 20 días se firmó la prórroga por dos años más con la empresa, puesto que el 6 de enero de 2011 habían vencido los 15 años de concesión que estipulaba el contrato original, firmado en 1995 entre la empresa y el Gobierno de Arnoldo Castillo. El decreto por el cual se prorroga la relación contractual aún no fue publicado en el Boletín Oficial y jamás fue discutido en ámbitos legislativos. Fue una decisión unilateral tomada por el Ejecutivo, que tiene facultades para hacerlo aunque, en este contexto de transición, hubiese sido esperable que se lo conversara con la oposición.
¿Qué hubiera pasado si al vencer los 15 años de concesión la Provincia llamaba a licitación? ¿Quedaba extinguida esta causa por la ejecución prendaria?, preguntó el diputado Figueroa Vicario. Dalla Lasta dijo desconocer la respuesta.
