En estos días podrían sumarse nuevos elementos a la causa OSEP en la que se investigan posibles irregularidades en la compra de medicamentos oncológicos. De cristalizarse esta presentación, la causa sumaría otras aristas mucho más complejas y permitiría avanzar en imputaciones más graves que la de incumplimiento de los deberes de funcionario público, que ya pesan sobre algunos funcionarios de la obra social.
La prueba que sería acercada a la Justicia aportaría elementos para desentrañar una compleja trama fraudulenta que, de comprobarse, involucraría a la obra social, a una droguería y a un usurero o prestamista.
Se estima que la triangulación delictiva funcionaría de forma tal que una droguería emitiría facturas por la supuesta venta de medicamentos a la obra social. A su vez, la obra social emitiría cheques en concepto de pago a la droguería proveedora. Sin embargo, esos cheques, que eran cheques al portador, eran endosados y no ingresaban a la cuenta de la supuesta proveedora, sino que pasaban a un tercero usurero que completaba el circuito y que permitiría el desvío de fondos.
Según trascendió, ese circuito habría estado funcionando a lo largo de 2010 y de esa forma se podrían haber desviado cifras millonarias.
En este marco, se estima que el desfalco habría consistido también en que los medicamentos facturados y pagados no habrían ingresado en su totalidad a la obra social, con lo cual se habría estado pagando por compras infladas y, en algunos casos, hasta inexistentes.
Por ahora, la investigación judicial imputó a tres funcionarios de OSEP, Gladys Buschaski, María Quiroga y René Luna y pidió el desafuero de su titular, Arturo Aguirre, por haber comprado medicamentos a una droguería que estaba inhabilitada para la venta interjurisdiccional. Pese a todas las sospechas en torno al tema, desde el Gobierno siguen sosteniendo en sus cargos a todos los funcionarios involucrados.
