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El Estado insistirá con su estrategia legal en la causa contra EDECAT

pese al revés judicial, ratificarán que la justicia es la que debe avalar la ejecución de la garantía prendaria
3 de junio de 2011 - 00:00
Tras el revés judicial que sufrió el Estado provincial en la causa contra EDECAT, los abogados que patrocinaron inicialmente la estrategia jurídica oficial, Guillermo Dalla Lasta y Daniel Ortega, defendieron lo actuado y ratificaron que la apelación insistirá en el mismo sentido, pese al rechazo de la jueza de Ejecución Comercial N° 1, Cecilia Delgado, que consideró que habían equivocado la vía al pretender ejecutar judicialmente la garantía prendaria, consistente en el 51% de las acciones de IATE.

Ortega, quien por su actual cargo de subsecretario de Asuntos Institucionales no participa de la causa, cuestionó los fundamentos de la sentencia de Delgado y aseguró que son contradictorios.

Hay grandes contradicciones y gruesos errores. Seguramente, la Cámara de Apelaciones, con un criterio más amplio y un entendimiento del Derecho, dará vuelta este fallo, aseguró.

Dalla Lasta, quien continúa actuando en la causa desde su puesto de asesor de Gobierno, se esforzó en remarcar que el Estado actuó ante todo intentando preservar un servicio público esencial. Acá se está discutiendo una relación con EDECAT y con su controlador, IATE, pero del servicio público nadie habla. Ésta no es una empresa común, EDECAT tiene la prestación de un servicio público esencial y hay todo un régimen de derecho público al cual la empresa debe someterse, señaló.

Igualmente consideró que el Estado actuó correctamente al ejecutar la garantía y no sacar a la venta las acciones, mediante licitación, dentro de los 120 días que establecía el contrato ya que remarcó que el contrato fue hecho en la época de los 90, acorde a la matriz privatizadora de entonces. (Ver aparte)

Para el funcionario, no era viable que el Estado llamara a licitación administrativa del 51% de las acciones de IATE, puesto que las tenía en garantía y no era ni es el titular de esas acciones como para venderlas. ¿Cómo el Estado va a llamar a licitación del 51% de las acciones de IATE que tiene en garantía si no es el titular, si no las tiene incorporadas a su patrimonio? Por eso, la mejor forma es ir por la vía judicial para después ejecutar esas acciones y el Estado apoderarse de ellas, dijo. Además, insistió que por tratarse de una prenda comercial la vía ejecutoria debe ser, necesariamente, la judicial.

El asesor de Gobierno salió al cruce de las críticas de la oposición y remarcó que la sentencia no está firme, que será apelada y que apuestan a que la Cámara haga lugar a sus argumentos. Acá no se ha dicho todo, vamos a apelar y además tenemos una medida cautelar favorable, que fue confirmada por la cámara, señaló. Mediante esa cautelar, se ratificó la designación de los directores de EDECAT nombrados por la Provincia como co-interventores. Ése fue un primer revés para IATE y nadie lo dijo, remarcó. También salió al cruce de las críticas del diputado Gustavo Saadi, quien había responsabilizado a los abogados del Estado de haber incurrido en mala praxis jurídica. No se puede hablar de mala praxis si se está en etapa de apelación. Y además a la mala praxis hay que probarla en el expediente. Yo le diría más bien que lea un poco más de servicios públicos, porque es un régimen jurídico especial, y que no defienda tanto los intereses de la empresa, finalizó.
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