El 1 de mayo de 2010, durante la Asamblea Legislativa, el gobernador Eduardo Brizuela del Moral anunciaba que remitiría a la Legislatura para su análisis y tratamiento un proyecto de ley destinado a la creación de Fondos de Fideicomisos. Uno iba a estar destinado a las comunidades involucradas en las áreas primarias de influencia del proyecto minero para la diversificación de actividades; y el restante, para el control minero-ambiental para las etapas del cierre de mina. A la fecha, el Ejecutivo no envió al Poder Legislativo la promocionada iniciativa. Y ese mismo día, Brizuela indicó que había instruido a la Secretaría de Minería para que, en los próximos 8 meses -los cuales ya pasaron- termine de definir la Zonificación Minera Provincial que tenga el carácter de un Ordenamiento Territorial - Ambiental, que compatibilice la actividad minera con las otras actividades productivas de la provincia -la agrícola - ganadera, el turismo, el patrimonio- y certifique la exclusión en forma clara y explícita de los núcleos poblacionales de nuestro territorio.
A esto hay que sumarle la falta de reglamentación del famoso artículo 5 de la Ley de Regalías Mineras.
