E l diputado Gustavo Saadi calificó de mamarracho la actuación de los asesores legales del Gobierno en el caso EDECAT y aseguró que cometieron una mala praxis jurídica al pretender ejecutar judicialmente la garantía que presentó la empresa, lo que seguramente derivará en un millonario resarcimiento a los anteriores propietarios.
Saadi señaló que si uno se fija en la demanda, aparece firmando un abogado que no formaba parte de la Fiscalía de Estado, en referencia al actual titular de Relaciones Institucionales, Daniel Ortega. Todavía hoy no puedo entender qué hace el doctor Ortega firmando como patrocinante, agregó.
Hoy es funcionario, pero en ese momento no lo era, y figura, aparentemente, en calidad de abogado particular firmando el recurso, a pesar de la cantidad de abogados que tiene el Gobierno, amplió.
El legislador dijo que la decisión de los letrados fue en contra de lo dispuesto por el gobernador Eduardo Brizuela del Moral en el decreto de intervención, que establecía la venta de las acciones.
Recordó que durante una reunión de la Comisión Bicameral de seguimiento de las privatizaciones, le consultó al asesor Guillermo Dalla Lasta sobre el motivo por el que no vendían las acciones, y que él le contestó que tomarían la vía judicial. Entonces advertí que no era el camino que disponía el decreto y las consecuencias que eso tendría para el Estado provincial, agregó.
Por último, Saadi dijo que se trata de otro condicionamiento para la próxima gestión.Brizuela debe hacerse cargoLa diputada Silvia Moreta consideró que por la causa judicial de EDECAT tienen que hacerse cargo el Gobernador, el ministro (Juan Acuña) y las autoridades de la empresa, porque es una torpeza total.
No se puede entender cómo el conjunto de asesores que tiene el Gobierno ha permitido semejante torpeza, cuando una simple contadora que no tiene nada que ver con esto lo había anticipado, dijo la legisladora, en referencia a su persona. Además, dijo que el tema es seguido por la gobernadora electa.
