por esa razón, la administración provincial de la firma dice que no pudo confeccionar los balances 2008-2010
La empresa concesionaria del servicio energético EDECAT no presenta sus balances desde 2003. Por esa razón, se excusan desde el directorio provincial de la empresa, la gestión de la intervención no ha podido -sin la información previa- confeccionar los balances de los años correspondientes a su administración.
La falta de documentación sobre el estado financiero y contable de la privatizada fue incorporada como fundamento central en el decreto 547 del 13 de mayo de 2011 por el cual se prorroga por dos años la licitación de las acciones clase A de la empresa, una exigencia del contrato de concesión al haberse cumplido, en enero pasado, los primeros 15 años de gestión.
En ese sentido, el decreto señala que el actual directorio de la distribuidora ha dispuesto en la reunión del 6 de diciembre de 2010, la expresa conformidad de la concesionaria a la prórroga del primer período de gestión, en razón de las dificultades para la confección de los balances y estados contables de la empresa desde 2003 hasta el presente, en razón de la retención de documentación y falta de entrega de sistemas contables denunciadas en dos causas -una por administración fraudulenta y otra por retención indebida- que se tramita contra los hermanos Taselli -ex concesionarios- en la Justicia.
De esta forma, el panorama de la empresa energética, intervenida oficialmente desde octubre de 2008, aparece cada vez más complicado. Es que fue esa información faltante la que impidió que el ENRE elaborara los pliegos para el llamado a licitación pública internacional que exigía el contrato de concesión en esta etapa.
En la resolución 245 de septiembre de 2010, por la que el ENRE recomienda al Ejecutivo prorrogar por dos años la licitación, se aconseja además al Estado provincial intimar a la concesionaria a completar la documentación requerida para poder avanzar en las labores que demanda el proceso de licitación. Sin embargo, esa recomendación no fue tomada por el Ejecutivo al redactar el decreto.
