Como el alejamiento de Aguirre y sus funcionarios era un hecho, en el Gobierno ya piensan cómo cubrir esos cargos, vitales para no paralizar la obra social, por las consecuencias que eso podría tener para la salud de los afiliados.
Por lo pronto, trascendió que el Gobierno aceptará las dimisiones y que, para dirigir la obra social de los empleados públicos, se constituirá un directorio, una especie de triunvirato, integrado por médicos o empleados que ya trabajan en el organismo y que, por tanto conocen el manejo de la obra social. De esa forma esperan pilotear la transición, hasta entregar OSEP al próximo gobierno.
También se conoció que en una reunión que el Gobernador tuvo ayer con el ministro de Salud, Brizuela manifestó su preocupación por el tema y le ordenó a Marcolli hacer lo necesario para dilucidar la cuestión y llevar tranquilidad a los catamarqueños.Sigue la vía judicialMás allá de las repercusiones políticas y administrativas del tema, la investigación judicial sigue su curso. Por un lado, el juez de control de garantías, José Antonio Carma, debe resolver si corresponde o no el desafuero de Aguirre y disponer otras medidas solicitadas por el fiscal Morales.
Para la semana próxima, Morales citó a declarar a la gerente general, Gladys Buschaski, a la gerente Económico-Financiera, María Quiroga, y a René Luna, director de Administración. Ayer, el abogado Luciano Rojas asumió la defensa técnica de Aguirre y de Buschaski y, según anticipó, en los próximos días aportará prueba documental para intentar demostrar la inocencia de sus defendidos.
