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Comunidad indígena fue a la Corte contra minera

También se trabaron demandas contra provincias vecinas y el Estado nacional.
7 de abril de 2011 - 00:00
L a Comunidad Diaguita de Andalgalá, representada por el abogado mediático Gregorio Jorge Dalbón, interpuso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción de amparo ambiental a fin de que se ordene a la minera Agua Rica el cese inmediato de su actividad y/o explotación para extraer cobre, molibdeno y oro, en el yacimiento ubicado en ese departamento. El argumento principal de la presentación es que el proceso de extracción de los minerales conlleva el uso de solventes altamente tóxicos, y que éstos pueden contaminar el aire, agua, suelos, vegetación, vida silvestre, arqueología, y la salud de los habitantes de la región. De esta manera, se vulneraría la garantía constitucional a un ambiente sano y sustentable para las generaciones presentes y futuras.

Asimismo, se trabaron demandas contra los Estados provinciales de Catamarca, Salta, Tucumán y La Rioja, además del Estado nacional.

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En el caso de Catamarca, la presentación sostiene que a través de sus órganos dictó la resolución que allanó el camino para que se agrave la contaminación del medio ambiente omitiendo actuar a fines de asegurar y garantizar un ambiente sano para sus propios habitantes y de sus generaciones futuras.

A Tucumán, en tanto, le cuestiona que ha omitido ejercer su poder de policía al permitir que en su territorio se instale la planta de filtrado y el minaroloducto, omitiendo velar por el mantenimiento de un medio ambiente sano (...).

A Salta le objeta de igual manera su falta de oposición a la instalación de la megamina, la cual producirá contaminación sobre las aguas de la cuenca del Río Juramento, viéndose así afectado el río Santa María, cuyas aguas atraviesan esa provincia.

Similares argumentos se usaron contra La Rioja, ya que no tendría en cuenta el impacto ambiental de Agua Rica en la cuenca del Salar de Pipanaco, de donde también se abastecen de agua.

Por último, con respecto al Estado nacional, la presentación sostiene que omitió realizar una adecuada gestión ambiental y arbitrar las medidas conducentes a resguardar el medio ambiente, ya que es razonable que el Estado actúe para evitar los daños en las personas.
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