Icaño: Van a la Corte en contra del aval municipal a los créditos
Piden la ilegalidad e inconstitucionalidad de la ordenanza por la que la comuna es garante de particulares
Con el argumento de que la Municipalidad no puede poner sus recursos como aval y garantía de créditos dinerarios de particulares, la concejal de Icaño, Laida Esther Robledo (FV) presentó ayer, bajo el patrocinio del abogado Gustavo Martínez Azar, un recurso ante la Corte de Justicia de la Provincia que ataca la aprobación que el Concejo Deliberante hizo de 80 créditos para emprendedores y productores, poniendo como garantía final de pago la coparticipación municipal.
Concretamente, la presentación pide al máximo tribunal de la Provincia que declare la inconstitucionalidad y la ilegalidad de la ordenanza 02 del 4 de abril de 2011 por la cual la mayoría de concejales del FCS autorizó a la Municipalidad de Icaño a operar como garante de un convenio con la Administración de Juegos y Seguros por el cual se otorgarían 80 créditos a particulares que prevén invertir en servicios, comercio, emprendimientos turísticos y productivos en la comuna.
Además se pide una medida de no innovar para que se suspenden las efectos de la ordenanza aprobada, hasta tanto la Corte resuelva la cuestión de fondo.
La objeción principal pasa porque el monto total de los créditos asciende a 2.162.000 pesos y, en última instancia, la comuna compromete sus finanzas a cuatro años, en caso de que los tomadores del crédito no cumplan con su reintegro.
Esta es la primera medida que realizan desde la oposición municipal buscando atacar la ordenanza. Ya antes, los concejales del kirchnerismo -que no estuvieron en la sesión que aprobó la toma del crédito- habían pedido al presidente del Concejo Deliberante, que les remitiera copia de todo lo aprobado en la sesión del 4 de abril. Con esa información, prepararon el recurso judicial.
Las fuentes consultadas anticiparon que en los próximos días se podría sumar a esta acción, una denuncia penal por este hecho que generó una gran polémica.
Tal como este diario viene informando, el CD de Icaño aprobó, a pedido de la intendenta Olga Santillán, un convenio para que la comuna se convierta en garante de 80 créditos destinados a particulares, de entre 10 mil y 30 mil pesos.
Entre los datos que aportaron a la polémica no solo está el hecho de que la comuna sea responsable final por la devolución del dinero prestado a particulares, sino que en el listado de los 80 beneficiarios figuran los tres concejales que aprobaron la norma y hasta el esposo de la intendenta de Icaño, Pablo Doro. Cuando todo estalló, la intendenta salió a reconocer y a defender la situación y aseguró que su esposo, como cualquier otro vecino de Icaño que quiera invertir, puede solicitar estos créditos productivos.
