La oposición no tiene alternativas para cuestionar el decreto sin afectar el derecho de los trabajadores.
En las últimas horas, dirigentes de la oposición cayeron en la cuenta de que quedaron acorralados por el decreto que dictó Eduardo Brizuela del Moral por el que otorgó contrato de servicios a 2.669 agentes. Es que los antecedentes que existen en la Justicia ratifican que un acto administrativo, como el que dictó el Gobernador, genera derechos subjetivos en los trabajadores. En este sentido, señalan que la gobernadora electa Lucía Corpacci no tomaría ninguna medida que afecte los derechos adquiridos por los trabajadores.
Los antecedentes inmediatos son los empleados de la Hostería de El Peñón, en Antofagasta de la Sierra, que habían sido pasados a planta permanente por el ex intendente Luis Rodríguez. El jefe comunal Carlos Fabián derogó el decreto, los empleados hicieron un reclamo judicial y la Corte falló a favor de ellos. Otro caso similar ocurrió en Tinogasta cuando fue el ex intendente Hugo Ávila el que hizo los pases a planta permanente.
Pero, además, la preocupación del interbloque es porque todavía está vigente el decreto acuerdo 2286/05 por el que se creó el programa de Trabajos Públicos que permitió los nombramientos de personal transitorio que no aparecían contemplados como recursos humanos del Estado provincial.
La estrategia de Brizuela del Moral es de un populismo irresponsable, definió el diputado del interbloque Miguel Figueroa Vicario. En este sentido el legislador consideró que el primer mandatario cometió un delito de abuso de autoridad al dictar un decreto para modificar la ley de Presupuesto que fue aprobada por la Legislatura. Correspondería iniciar el juicio político, sentenció.
Por ahora, la oposición intenta encontrar una estrategia judicial o legislativa que permita garantizar que no habrá nuevas designaciones en el marco del programa vigente que luego podrían convertirse en otros contratos de servicio.
