Crece la tensión por los agentes que quiere incorporar el Gobierno

El interbloque no aprobará hoy el proyecto para otorgar 2.700 contratos hasta no contar con toda la información sobre los nombramientos.

30 de marzo de 2011 - 00:00

Finalmente, el interbloque no acompañó el proyecto del Ejecutivo por el que se pretende incorporar 2.669 agentes a la planta de personal no permanente del Estado provincial. La oposición se abroqueló ayer para denunciar que funcionarios del Gobierno provincial, con recursos del Estado, animan la protesta que realizarán hoy los agentes para exigir que se apruebe la iniciativa. Todo indica que el FCS no tendrá el quórum para avanzar con la aprobación de la iniciativa.

Ayer, la Comisión de Hacienda y de Legislación Social de la Cámara baja acordaron convocar a los funcionarios de las áreas de Recursos Humanos, Obras Públicas, Vialidad Provincial y Hacienda durante todo el mes de abril para que informen las razones por la que el Estado provincial mantuvo a más de 2.000 agentes en la planta transitoria de empleados cuando todos los años tuvo presupuesto para regularizar la situación. Pero, además, pretenden interrogarlos por irregularidades que fueron detectadas en la contratación de esos agentes (Ver aparte).

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En la reunión que se realizó ayer a la mañana participó todo el interbloque. Por el FCS, sólo asistieron Rubén Herrera y Pablo Sánchez, quienes solicitaron que la iniciativa se apruebe en la sesión. Pero el interbloque opositor le pidió a los diputados del oficialismo que actúen para que el Ejecutivo regularice la situación de los 2.669 agentes de Obras Públicas, Vialidad Provincial y la Secretaría del Agua y el Ambiente con el cupo que el Gobierno ya tiene aprobado por el presupuesto de este año. En este sentido, los legisladores de la oposición sostienen que el problema es del Ejecutivo y por lo tanto la responsabilidad es de Casa de Gobierno y no de la Legislatura. El Gobernador muestra una voracidad sin precedentes porque además de esos dos mil cargos pretende 2.700 cargos más, acotó el diputado Juan Cruz Miranda.

Mensaje político

Anoticiados de la tensión social que podría ocurrir en la puerta de la Legislatura, el interbloque responsabilizó al Gobierno por la situación y reiteró que los proyectos que se enviaron para tratar en extraordinarias pretenden condicionar la gestión de la gobernadora electa, Lucía Corpacci. En el caso de la extensión del 82% móvil, el diputado Jorge Moreno confirmó que existe la intención de otorgarlo porque es una iniciativa que impulsó el peronismo, pero antes se estudiará el proyecto porque las dos iniciativas fueron anuncios desesperados en la campaña electoral, acotó.

La transición a la que aspirábamos está siendo violentada por quienes perdieron la elección el 13 de marzo y no se resignan, señaló el diputado Jorge Moreno.

Todos los legisladores coincidieron en pedirle al FCS que colabore para realizar una transición ordenada. Se negaron a confirmar la estrategia que desplegarán hoy en la sesión pero todo indica que no habrá quórum porque no hay ningún proyecto con despacho para tratar.

Objeciones a los contratos transitorios Diputados del interbloque anticiparon que realizarán una denuncia en la Justicia al detectar que se produjo un abuso por parte de algunos funcionarios del Gobierno en la contratación de personal transitorio, en el marco del decreto acuerdo 2286/05. El programa se implementó en el ámbito del Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría del Agua y el Ambiente para la ejecución de obras -de carácter temporario- que se realizan por administración.

La oposición, en función de las pruebas que fueron aportadas a la comisión, advirtió que muchos agentes realizan aportes y contribuciones de ley como cualquier agente no permanente del Estado. Es decir que figuran como agentes transitorios en las resoluciones que elaboró Obras Públicas, pero en los papeles ya son empleados contratados que realizan todos los aportes de ley y por lo tanto tienen derechos adquiridos.

Otro hallazgo curioso que llegó a la comisión es un acta que el 22 de febrero firmaron el ministro Juan Acuña y los diputados Miguel Vázquez Sastre, Carmen Verón y Julio Salerno que se comprometieron a efectivizar el cambio de contrato transitorio a contrato de locación de servicios.