En Andalgalá se levantó la protesta; en Miraflores, no
Mientras en la ciudad de Andalgalá los adjudicatarios del barrio 90 Viviendas del distrito Malli consiguieron una solución al reclamo que los llevó a cortar la ruta de acceso a la cabecera departamental durante casi un día y medio, en la localidad de Miraflores, Capayán, quienes aseguran ser adjudicatarios de un barrio construido allí mantienen, por un lado, la ocupación de las 40 viviendas que se ratificó que están aún en poder de la empresa constructora, y otro grupo, cortó ayer en horas del mediodía y de la siesta la ruta Nacional N° 38 para conseguir la atención de las autoridades del IPV.
Sobre el caso de Miraflores, el propio Brizuela del Moral dijo que las viviendas todavía están en poder de la empresa constructora, por lo cual se realizó la denuncia judicial correspondiente por el delito de usurpación.
En diálogo con este diario, un grupo de manifestantes que habían cortado la ruta señalaron que ellos mantendrán las protestas, mientras que el otro grupo sostiene la usurpación. Pero, señalaron algunos de los manifestantes, varios de los ocupas ni siquiera serían reales beneficiarios de las viviendas o ni siquiera se habrían inscripto en el IPV.
Entre todos, además, persiste el miedo de que de un momento a otro se concrete un desalojo masivo de las viviendas.
En Andalgalá, paralelamente, las aguas se calmaron un poco. Es que los potenciales adjudicatarios lograron llegar a un acuerdo con las autoridades del IPV, quienes informaron que se publicará el listado de adjudicatarios en forma oficial. Serán 89 familias beneficiadas y la casa restante se destinará a Posta Sanitaria.
Luego, la gente deberá llegar por el IPV a retirar las llaves, a la vez que se dijo que la entrega no se realizará en Andalgalá por falta de garantías, según habría dicho el propio vocero de Brizuela del Moral hijo.
Por el momento, en consecuencia, los vecinos descartaron volver a los cortes de ruta, pero si no se cumple lo prometido, regresarán a las protestas.
Mientras tanto, también persiste la incertidumbre en los barrios recientemente entregados en el norte de la Capital. En una recorrida que hizo ayer este diario, varios de los ocupantes de las casas manifestaron su temor a salir, aunque sea para hacer las compras, porque circula la amenaza de que apenas haya una casa vacía, se la usurpará.
Nosotros no somos punteros, somos pobres y necesitamos casa, dijeron.
Mil casas más
Al cerrar la entrevista, Eduardo Brizuela del Moral hijo aseguró que están todos los contratos listos para comenzar la construcción de 1.000 viviendas sociales más.
Todo el proceso, recalcó, cumplió su ciclo administrativo e incluso fue remitido desde el Tribunal de Cuentas con el visto bueno.
Pero dejaremos todo a criterio de la próxima gestión para que ellos lo analicen, admitió.
Del total de viviendas, aproximadamente el 40% dijo que se levantarán en la Capital, según los proyectos que quedaron listos para comenzar con las obras, y el resto se repartirá en varios puntos del interior.
Finalmente, tiró una piedra: todavía no llegó nadie del próximo equipo de conducción del IPV para recibir la información de las áreas más técnicas del organismo.