Los interventores de la energética habrían avanzado con la aprobación de los balances negativos de los últimos tres años.
La avanzada del Gobierno para rescindir con culpa el contrato de concesión a la prestataria del servicio energético, EDECAT, habría sumado ayer una acción clave a los fines de materializar la movida, que terminaría de plasmarse con la presentación judicial que llevará a cabo Fiscalía de Estado: la aprobación de los balances negativos de la concesionaria durante los períodos 2009, 2010 y 2011, a los que se les sumará el balance deficitario de 2008, en el cual se basaría principalmente la estrategia oficial para la rescisión del contrato.
Para esto, los interventores que conforman el directorio de EDECAT, Sergio Díaz, Oscar Andreatta y Pablo Gaffet, habrían llevado adelante una asamblea de accionistas en la sede de la empresa ubicada en avenida Ocampo, pese a resolución del juez de Control de Garantías, Rodolfo Maidana, que el viernes ordenó la suspensión de la reunión a partir de la aceptación de una medida cautelar solicitada por IATE, propietaria de las acciones clase A de la energética.
De hecho, los accionistas clase B habrían ingresado a la asamblea al solo efecto de plantear la nulidad de la convocatoria y después de hacer este planteo se retiraron para no convalidarla.
No se le permitió el ingreso al lugar de reunión a la escribana María Belén Saadi, quien se hizo presente por los accionistas clase B.
La movida de ayer tiende a ordenar institucionalmente a EDECAT, en el marco del proceso para reestatizar el servicio de energía, para lo que se creará una SAPEM (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria) al estilo de Aguas de Catamarca. Esta disposición, paralela a la rescisión del contrato con EDECAT, se produciría tres años después de la intervención estatal a la firma.
Entre hoy y mañana podrían producirse mayores novedades. Los accionistas podrían hacer presentaciones judiciales una vez que confirmen qué es lo que en efecto ocurrió en la misteriosa reunión de ayer.
