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Entre los absurdos y la realidad
3 de noviembre de 2011 - 00:00
El agonizante sector olivícola de Catamarca afronta hoy una situación paradojal. Por un lado, asiste a la última etapa de su crisis terminal. Con condiciones climáticas adversas, caída sostenida de los precios internacionales, aumento incesante de los insumos y una indiferencia oficial pasmosa, ya nadie puede apostar al sueño verde en estas fronteras. Por el otro, la voracidad fiscal y sindical se ensañan como si todo fuera prosperidad y abundancia. Dos hechos recientes sirven para ilustrar esto. La AFIP decidió hace diez días, a través de la Resolución 3207, obligar a las empresas olivícolas a contar con tres empleados permanentes por cada hectárea. Lo denomina el Indicador Mínimo de Trabajadores (IMT). Para un emprendimiento pequeño de 100 hectáreas, eso implica emplear 300 trabajadores todo el año, al margen de los administrativos y personal especializado, tenga o no plantas en producción. La medida no deja lugar a dudas: el negocio no es producir sino cerrar.

Desde el sector sindical, la UATRE exige que Trabajo homologue un aumento salarial del 35,7% para los trabajadores rurales. Para ello, el martes se manifestaron en distintos lugares del país. En Catamarca, un puñado de rurales lo hizo en Valle Viejo durante un par de horas. Aquí tampoco quedan dudas: las pocas empresas que aún sobreviven en la provincia deberán despedir más gente porque no podrán soportar el incremento del costo laboral. Con sus pretensiones desmedidas, el gremio no hace más que acelerar la muerte anunciada de la olivicultura catamarqueña. Pese a que es consciente de la crisis que vive el sector, insiste en un reclamo irracional. Y de ese modo, más que perjudicar a las empresas, los dirigentes de UATRE se convierten en los verdugos de los mismos trabajadores a los que dicen representar y defender.

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Por esa razón, cuesta entender las expresiones de preocupación de los sindicalistas del sector sobre las incesantes pérdidas de puestos de trabajo en la provincia. De hecho, si la ecuación fuera lógica, como en otros tiempos, habría mayor demanda de trabajadores y mayor producción. Pero, ¿qué hace la UATRE frente a las expulsiones de mano de obra por la crisis? Exige un aumento salarial superior al tercio del ingreso actual de un trabajador, y para ello corta calles y rutas. La ausencia de sentido común es alarmante. Sin embargo, no es un mal hábito de esa dirigencia en particular. Desde hace mucho tiempo que el sindicalismo argentino viene dando sobradas muestras de insensatez a la hora de reclamar mejoras salariales y laborales. En su concepción, las exigencias de mayores ingresos para los trabajadores no deben guardar ninguna relación con la realidad del sector en que se desempeñan. Así es imposible que coexistan empresas rentables con trabajadores bien remunerados. Pero en el caso de las olivícolas, tanto la avidez fiscal como la sindical significan quitarle el respirador al moribundo.

No hay exageración en esto. En la actualidad el sector olivícola en el Valle Central quedó reducido a la mínima expresión. Los empresarios bajaron ya sus brazos. Sin estímulos para producir y asediados por aquellas presiones, la mayor parte de ellos está buscando nuevos horizontes. Y a este paso, pronto el cordón productivo de Pomán atravesará la misma realidad. Ni el Estado nacional ni el provincial se han interesado en la problemática de fondo que afecta a la olivicultura. Los subsidios esporádicos nunca fueron más que un paliativo.

Atrás quedaron aquellos años de la floreciente Expo Olivo, de los grandilocuentes discursos políticos, los viajes a Europa en busca de tecnología y elogios y las perspectivas optimistas de convertir a esta tierra en uno de los mayores polos olivícolas del país y Sudamérica. El Estado provincial no supo manejar las condiciones cambiantes de lo que prometía ser un puntal de desarrollo económico, en su momento casi equiparable a la minería, y se durmió con la foto del pasado.

Pese a todo, todavía queda alguna esperanza. En otras regiones del país, el Estado salió en auxilio de los productores de frutas y hortalizas contribuyendo con una parte de los salarios de los cosecheros. O también podría terciar en la pulseada salarial entre empresas y gremios, en procura de establecer un punto de equilibrio. Herramientas siempre hay, lo que falta es voluntad política. La oportunidad de gobernar la crisis ya pasó en esta gestión. Habrá que esperar entonces que el nuevo Gobierno que asumirá en poco más de un mes asuma esta coyuntura como un desafío de política productiva y haga lo que se debe hacer para evitar el desenlace oscuro que se vislumbra hoy. Una oscuridad que lamentablemente aumenta en este contrapunto crucial entre la realidad tal cual es y las exigencias absurdas de recaudadores que parecen vivir en otra dimensión. O en otro país.

EL ANCASTI
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