Revés judicial para Salta: el Congreso no podrá tratar el conflicto de límites
RESOLUCIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
El15 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el planteo de incompetencia que había iniciado la provincia de Salta en la demanda que comenzó Catamarca por la ocupación de territorio. El conflicto se tratará en la Justicia y no en el Congreso como pretendía la vecina provincia.
La resolución, que tiene la firma de los jueces Carlos Fayt, Enrique Petracci, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay, ratifica la competencia del máximo tribunal de Justicia y ordena la apertura de la causa a prueba por el término de 40 días.
El fiscal de Estado de la Provincia, Simón Hernández, explicó el alcance de la resolución al señalar que la pretensión de que el juicio se remitiera al Congreso fue denegado y la cuestión será resuelta por el Tribunal Supremo al dictar sentencia. Se ratifica la postura sostenida por Catamarca de que no es un conflicto de fijación de límites porque éstos ya están determinados y que el órgano competente para dirimir el litigio no es el Congreso sino la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En la argumentación, el máximo tribunal de Justicia señala la necesidad de determinar los alcances y la validez de cada una de las normas invocadas por Catamarca y Salta en defensa de los límites. Lo que determina que sólo puede ser resuelto en el momento de dictar sentencia definitiva, señala. Más adelante, la Corte Suprema ratifica la función dirimente que le cabe al Tribunal entre dos provincias soberanas.
En la resolución ordena librar oficios que fueron requeridos por Catamarca al Instituto Geográfico Nacional y además la Provincia deberá enviar información que se encuentra en poder de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca.
El conflicto limítrofe entre las provincias de Catamarca y Salta volvió a reeditarse en 2007, ante una resolución del juez de Minas salteño, Daniel Marchetti, que concesionó la mina Cerro Bayo a la empresa minera Silver Standard.
La misma mina había sido cedida por el juez Electoral y de Minas de Catamarca, Raúl Guillermo Cerda, a la empresa Minera Aguas Blancas S.A.
Desde entonces, se produce la superposición en el otorgamiento de los pedimentos mineros.
