La investigación sobre la entrega de créditos FONDETUR, que comenzaron a entregarse desde 2004, arrancó por una denuncia penal promovida por el propio secretario de Turismo, Edgardo Ávalos, en mayo pasado.
En la oportunidad, Ávalos denunció que Néstor Edgardo Tagua, beneficiario de un crédito FONDETUR por 200 mil pesos, pero que solo había cobrado los primeros 100 mil pesos del empréstito, había desaparecido de Fiambalá. Es que al ir a constatar el avance de obras, empleados de Turismo se habrían dado con la novedad de que no existía ninguna inversión prevista en el proyecto, estaba desmantelada la pequeña bodega que poseía el hombre de origen mendocino y el terreno donde debería haberse levantado el emprendimiento ya había sido vendido a un comprador de buena fe.
La Unidad de Delitos Especiales receptó la denuncia y comenzó a investigar también los créditos que habían sido entregados junto con el de Tagua.
Es que llamó la atención de los fiscales Juan Pablo Morales y Marcelo Sago que entre la documentación presentada por Tagua sobresalía: que la venta del terreno de Fiambalá se había producido con anterioridad a la fecha en que éste recibió los 100 mil pesos de Turismo; y que el medocino presentó en el proyecto ingresos mensuales por 8 mil pesos, pero sin documentación respaldatoria de la AFIP sobre estos montos. Ése fue el disparador de la investigación librada sobre los 11 expedientes que firmó Ávalos y cuyos cheques salieron en diciembre del año pasado.
Para atrás
Sin embargo, las sospechas no giran únicamente en torno a Ávalos. La investigación también se extenderá a la gestión de Catalina Krapp, ex secretaria de Turismo, en la cual se entregó la mayoría de los FONDETUR. Tal como informó El Ancasti, el 37% de beneficiarios está moroso con el Estado.
