OSEP: declaró el último imputado y analizan mandar la causa a juicio
Cinco funcionarios de la entidad son investigados
C on la declaración del quinto funcionario imputado en la causa penal por supuestas irregularidades en las compras de remedios de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), los fiscales de la Unidad de Delitos Especiales, Marcelo Sago y Juan Pablo Morales, están evaluando si desdoblan el expediente y mandan una parte a juicio, mientras siguen otras líneas de investigación que podrían complicar más a quienes están involucrados, incluyendo el director y diputado electo del FCS, Arturo Aguirre.
La jefa de Despacho de la entidad, Marcela del Valle Juárez, negó ayer ante Sago y Morales que hubiera existido dolo al confeccionarse resoluciones mellizas que llevaban su firma, por las cuales fue imputada por falsificación de instrumento público. Estos documentos están relacionados con el circuito de pago a proveedores y, específicamente, a la droguería santiagueña Libra.
Las resoluciones fueron detectadas cuando se estaban analizando las operaciones comerciales de la OSEP con esa empresa.
Hasta ahora, la investigación de los fiscales tendría probado el incumplimiento de los deberes de funcionario público de Aguirre, René Luna, Gladis Buschaski y María Concepción Quiroga, todos empleados de la OSEP, por haber autorizado la compra de remedios a Libra dentro del período en que se encontraba inhabilitada por la Administración Federal de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Con esos elementos, se podría mandar a juicio a los funcionarios, mientras buscan otras pistas. No obstante, eso dependerá del resultado de pericias que aún deben completarse.
En este marco, una serie de elementos que fueron apareciendo en el marco de la causa fue revelando otras posibles irregularidades en la adquisición de remedios de la obra social.
Por ejemplo, se comprobó el notable incremento en las compras a Libra en apenas un año, fundamentalmente en el rubro de remedios oncológicos.
También se detectó que varios cheques con los que la OSEP pagó a la droguería santiagueña fueron a parar a manos de una conocida financiera del medio. Uno de los representantes de la empresa llegó a justificar esta operación por la necesidad de contar inmediatamente con efectivo, según señaló, para saldar compromisos urgentes.
Más allá de la indagación judicial, otras instituciones han puesto bajo la lupa las compras farmacológicas de la obra social. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas busca determinar si se violó la Ley de Administración Financiera en el circuito de los cheques y la existencia de posibles compras fingidas de remedios.
El tema de los cheques también provocó el interés de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que mandó funcionarios a interiorizarse de la causa.
