Senadores del FCS salieron al cruce de las críticas que realizaron el vicegobernador electo Dalmacio Mera y el candidato a diputado nacional Isauro Molina al responsabilizar al FCS por los problemas en el saneamiento de los títulos. Varios legisladores del oficialismo señalaron ayer que las tierras en Fiambalá, que se ofrecieron por internet, fueron vendidas a empresas privadas durante la gestión del ex gobernador Ramón Saadi, cuando don Sebastián Corpacci era ministro de Gobierno e Isauro Molina (p) era ministro de Educación.
Ayer, el cuerpo aprobó un nuevo pedido de informes para conocer a ciencia cierta cómo un total de 728.000 hectáreas ubicadas en la zona de frontera adquieren el carácter de propiedad privada conforme los instrumentos legales que han otorgado ese dominio privado.
Es llamativo que la confección de las escrituras hayan sido efectuadas por una sola profesional, sin cumplir con la ley 15.385 y que todo el traslado de la titularidad sobre el dominio haya girado en torno a tres personas jurídicas: Banco Iguazú S.A, Nikkon SA, GNC Combustible S.R.L, vinculadas ideológicamente al poder de turno, lo que motivó la intervención de la Justicia Federal, ante el ofrecimiento como fianza de 90 mil hectáreas de estas tierras en el juicio contra el ex presidente Menem, efectuado por Nikkon S.A., recordó el senador Jorge Agüero, presidente de bloque del FCS y autor del nuevo pedido de informes.
En el debate, el senador Daniel Saadi (FV) quiso evitar la confrontación y aseguró que todos los bloques políticos son responsables por las irregularidades en el saneamiento territorial. A su turno, la senadora Marta Grimaux defendió la gestión del FCS y pidió a la oposición que sean respetuosos de la transición.
El senador Víctor Luna salió al cruce de Saadi al recordar que la Cámara alta aprobó un proyecto de saneamiento de títulos, del ex senador Pedro Casas, que quedó cajoneado en la Cámara de Diputados. Ingresó proyecto
de coparticipación
Ayer, en la sesión de la Cámara alta tomó estado parlamentario el proyecto que elaboraron los miembros de la Comisión de Participación Municipal por la que se modifica el artículo 7 de la ley de coparticipación. Por la propuesta se eliminaron los porcentuales que establecían un tope para el enriquecimiento patrimonial de los municipios ya que no podían superar el 60% de los recursos destinados a la adquisición de bienes.
