El Estado, el principal garante de derechos

Se desplaza a los juzgados de menores

17 de octubre de 2011 - 00:00

Dada la profundidad y la extensión que tiene el protocolo elaborado por la Comisión Mixta no es posible abordarlo en toda su extensión. Sin embargo, en los puntos siguientes se destacarán algunos aspectos contemplados en la fundamentación del proyecto.

- El objetivo es la adecuación de los dispositivos administrativos para la implementación de los mecanismos de protección de los derechos. Contempla cambios en la organización y funcionamiento del fuero especial de Familia y la creación del fuero penal y contravencional de la Niñez.

Lee además

Libertarios versus ministra de cultura

Cruce por la visita de Iñaki Gutiérrez a la Fiesta del Poncho

Reclamo salarial y fin de la conciliación

Valle Viejo acordó aumentar $40.000, pero el SOEM lo niega

- Contempla la creación de un Sistema de Protección Integral de Derechos . Implementa las medidas de protección de tipo administrativo. Significa la eliminación de la competencia tutelar y, con ello la competencia a cargo de los Juzgados de Menores.

- Se priorizan políticas públicas para avanzar en la desjudicialización de la pobreza.

- Principios: la protección de la familia de origen para evitar la separación del niño de su núcleo familiar.

- La subsidiariedad del Poder Judicial: Se establece que el Poder Ejecutivo, a través de Desarrollo Social, tiene la responsabilidad en la protección. Recién cuando este incumple , recién aparece el Poder Judicial como instrumento para garantizar la tutela de los derechos.

- Establece diferenciar cuidadosamente la situación de carencia y la de conflicto de los menores protegidos por la ley.

- Cuando deban ser privados de su medio familiar y agotadas las medidas de protección de tipo administrativo será entonces el Poder Judicial el que deberá garantizar los derechos vulnerados

- Creación de la figura del Defensor de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.

El proyecto establece una especial atención a la problemática del derecho alimentario, vinculado con la obligación de los padres con la mantención de sus hijos.

EL PRESUPUESTO También se incluye el presupuesto que implicará introducir todos los cambios en el Poder Ejecutivo. El costo total de la reforma es de $ 20 millones. Y el costo anual se estima en $ 2. 400.000