El diputado Julio Cabur se refirió a la subasta de 600 mil hectáreas en Tinogasta y señaló que, más allá de lo que informen las autoridades locales, sería necesario reclamar la intervención de la Nación para que se haga cumplir la ley de Seguridad Nacional, que data de 1970 y que prohíbe la venta de tierra a 100 km de los límites internacionales. Solo se puede vender si la comisión de Seguridad Nacional autoriza. Ésa es una ley que data de 1970, cuando todavía teníamos conflictos limítrofes con Chile, recordó Cabur, al tiempo que recordó que hace tres o cuatro años una noticia similar -de venta de tierras cordilleranas -sorprendió a los tinogasteños. Eso al final quedó en la nada; esperemos que ahora se dilucide, comentó en declaraciones a Radio Ancasti.
El titular de la Administración de Catastro, Raúl Blas, dijo ayer que no hubo ningún tipo de consulta relacionada con estas tierras y que tampoco se solicitó algún certificado que pueda suponer un venta o transferencia. Lo que permite suponer que no se concretó ninguna operación.
En la oportunidad en la que fue consultado por El Ancasti sobre cómo surgen los títulos de propiedad de las tierras que se venden, el funcionario explicó que originalmente en la zona había cuatro estancias: Cazadero Grande, Chaschuil, Francisco y Las Peladas, con una superficie total de 1.288.000 hectáreas. Por una disputa limítrofe y a través de un acuerdo logrado con Chile, se registraron para Catamarca 720.000 hectáreas y el resto pasó a comprender el territorio del vecino país. Señaló que desde ese momento, se realizaron numerosas transferencias a nombre de GNC Combustible, Banco Iguazú, Hikon y otras firmas que aparecen como propietarias de esas miles de hectáreas.
