Falta de información y participación en la base del conflicto minero

2 de enero de 2011 - 00:00

La falta de participación ciudadana en la toma de decisiones con respecto a la minería y las dificultades para el acceso a la información pública en relación al tema están en la base de la conflictividad minera, según un informe elaborado por varias ONGs, entre ellas Cambio Democrático y Fundación Ambiente y Recursos Naturales, con financiamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El informe se presenta bajo la forma de un mapa de conflictividad minera que dedica un extenso capítulo a Catamarca y que si bien aborda la situación de Alumbrera, deja pendiente el análisis más exhaustivo de la problemática en torno a Agua Rica.

Son siete las provincias que figuran en el mapa nacional de conflictos mineros: Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, San Juan , Santa Cruz y Catamarca.

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El capítulo dedicado a Catamarca se estructura en torno a cuatro dimensiones -ambiental, legal-institucional, económica y social- que atraviesan el conflicto minero.

En materia ambiental, se advierte la preocupación ciudadana por la posible contaminación del proceso minero, debido a la utilización de químicos y al abundante uso de agua en una zona árida. Asimismo se consigna la desconfianza sobre los estudios de impacto ambiental y del control ejercido tanto por el Estado como por la empresa sobre la actividad. Y se destaca, como un gesto, el anuncio del Gobernador -aún sin concretarse- de promover un programa de monitoreo participativo.

El análisis de la dimensión legal-institucional da cuenta de una serie de carencias que atentan contra el desarrollo consensuado de la minería. Una carencia de base es la falta de una ley marco ambiental y de una ley que regule el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, situación que coloca en desventaja a los habitantes de la provincia en cuanto a las posibilidades de protección del ambiente. Recién el año pasado, el Ejecutivo remitió a la Legislatura un proyecto de ley general de ambiente (no fue tratado en el período 2010) que, entre otras cosas, fijaría el procedimiento de la evaluación de impacto ambiental (un mecanismo paralelo al informe de impacto ambiental que se presenta en la órbita de la Secretaría de Minería) que incorpora la participación ciudadana como condición de la aprobación de proyectos que tengan un impacto considerable en el ambiente.

El informe contrasta la profusa legislación minera con la inexistencia de una ley de acceso a la información pública y con otra que asegure la participación ciudadana en temas que hacen al desarrollo de la provincia y que inciden en la calidad de vida.

La dimensión económica del conflicto minero surge porque, pese a ser Catamarca la primera provincia en desarrollo minero, ofrece un escenario socio económico vulnerable al presentar niveles de desocupación y pobreza que se ubican por encima de la media nacional. Vinculado a este aspecto, la dimensión social se presenta afectada por la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso y se advierte la existencia de una sociedad civil medianamente activa y diversificada en cuanto a las temáticas que aborda, pero que todavía no ejercita ampliamente el trabajo articulado o en redes, evidenciándose una participación ciudadana media y una muy baja incidencia legislativa.

Sobre el mapaEl mapa nacional de conflictos mineros fue desarrollado por varias ONGs en el marco del proyecto Plataformas de Diálogo para el Desarrollo Minero Responsable en Argentina financiado por el PNU.

Se presenta como una herramienta de acceso a la información que procura propiciar las condiciones para el desarrollo de procesos de deliberación pública y elaboración de políticas específicas. Identifica como dificultades para alcanzar consensos amplios respecto a la política minera en Argentina el debate pendiente sobre el marco legal-institucional minero y sobre la contribución de la actividad en gran escala al desarrollo sustentable del país.

Falta de información y participación en la base del conflicto minero

Se contrasta la profusa legislación minera local con la carencia de una ley ambiental. Y la pobreza que sigue existiendo en la 1° provincia minera.

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