Picolotti aboga por que se permita el referéndum minero
El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), una fundación que preside la ex subsecretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, presentó ante la Corte de Justicia de la Provincia un recurso para constituirse como Amicus Curiae (amigo del tribunal) y, de esa forma, poder acercar al tribunal argumentos para resolver sobre la legalidad o no de la convocatoria a un referéndum minero en Andalgalá.
En la Corte está pendiente de resolución una causa iniciada por el fiscal municipal de Andalgalá, en la que pide se declare inconstitucional la decisión del CD de Andalgalá -aprobada en marzo- de convocar a un referéndum en el departamento para que los andalgalenses se expresen por el sí o no a la minería a cielo abierto.
Hasta ahora, los jueces hicieron lugar a una cautelar que ordenaba suspender la realización de ese plebiscito (que había sido fijado para el 25 de mayo) pero no resolvieron la cuestión de fondo.
El escrito presentado por el CEDHA procura aportar elementos de juicio específicos y que la Corte los pueda tener en cuenta a la hora de resolver. Los argumentos aportados por CEDHA apuntan a resaltar el impacto ambiental, social y de derechos humanos de la actividad minera a cielo abierto, y a proteger la competencia municipal para regular en materia ambiental, según el reparto de competencias establecido en la Constitución Nacional y de la Provincia de Catamarca, dice un comunicado de la fundación.
Asimismo, Juan Picolotti, asesor jurídico de la fundación y hermano de su presidenta, señaló que la ordenanza de Andalgalá tiene como objetivo implícito preguntar a los ciudadanos si quieren tener en su municipio una actividad que tiene impacto ambiental significativo sobre los recursos naturales. En este sentido, la ordenanza es legal y legitima, opinó.
Junto al recurso del CEDHA, fue presentado otro amicus curiae de parte del Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente, una ONG con sede en Estados Unidos que, en sus argumentos, pone énfasis en la importancia de que los ciudadanos se expresen en asuntos vinculados a los recursos naturales de sus comunidades.
