Es para aplacar un reclamo social creciente. Además, se activará el subsidio para usuarios pobres.
Cuadrillas de la empresa EDECAT comenzaron a trabajar en la zona sur de la Capital, para regularizar la situación de cientos de usuarios vinculados ilegalmente a la red de distribución de luz.
La acción se hace para aplacar el conflicto social que se generó por la decisión de la distribuidora de quitar las conexiones clandestinas durante el fin de semana pasado, en medio de la ola polar.
Dos piquetes fueron suficientes para precipitar una reunión de las autoridades del IPV, la Subsecretaría de Servicios Públicos y EDECAT. Según trascendió, el propio gobernador Eduardo Brizuela del Moral ordenó que se diera una solución a este tema. Allí se resolvió coordinar un operativo para legalizar a los colgados a la red eléctrica.
Los dos organismos provinciales aportarán los materiales necesarios para realizar las vinculaciones domiciliarias, mientras que el trabajo correrá por cuenta de la empresa, actualmente gerenciada por un directorio nombrado por el Gobierno.
En principio, la medida alcanzará a unas 750 familias del barrio Santa Marta, aunque también se recorrerá otros lugares de la zona, como el barrio San Antonio Sur.
El trabajo de los operarios será acompañado por el relevamiento a cargo de una trabajadora social, con cuya información se tramitará el subsidio para usuarios pobres, que a pesar de haber sido lanzado hace años, tiene muy poco impacto.
En los padrones de la distribuidora existen poco más de 1.400 beneficiarios de la tarifa social de la luz, aún cuando se estima que más de 10.000 familias deberían ya tener el beneficio. Distintas trabas burocráticas impidieron la generalización de este subsidio, que tiene financiamiento garantizado por fondos nacionales.
