La fiscal de Andalgalá, Marta Graciela Nieva, indagó ayer a un hombre identificado como César Ocampo, quien se habría desempeñado como seguridad de Alumbrera y Agua Rica, a raíz de las supuestas amenazas que profirió a un militante ambientalista. Nieva lo imputó de amenaza simple, a raíz de un episodio que estuvo enmarcado en el violento estallido social de mediados de febrero pasado.
Según explicaron fuentes judiciales, el proceso estuvo demorado porque no habían declarado los testigos que finalmente corroboraron las supuestas amenazas.
El episodio tuvo lugar durante el corte en el camino hacia el predio de Agua Rica, que sostenían militantes de la asamblea socioambiental El Algarrobo. Aparentemente, Ocampo habría tratado de pasar con su vehículo, cuando realizó las amenazas.
La minería me paga para matarlos a todos, habría gritado Ocampo al grupo de ambientalistas. Posteriormente, un hombre de apellido Abrán radicó la denuncia en sede judicial.
Ocampo finalmente se presentó ayer ante la fiscal y se abstuvo de declarar.
Paralelamente, la Justicia andalgalense tramita otras causas relacionadas con el tema minero, aunque son todas contra ambientalistas.
Una de ellas es la que se lleva adelante contra Alejandro De Las Cuevas, quien estuvo más de un mes prófugo, y fue acusado por el juez de Garantías de Andalgalá, Rodolfo Cecenarro, por supuestas amenazas de muerte durante los festejos por el Bicentenario. Aunque De Las Cuevas fue liberado, el magistrado habría apelado esa medida, y aún debe resolverse.
También está pendiente la causa que se sigue contra los hermanos Flores y otros dos antimineros, quienes fueron sorprendidos luego de haber ingresado a un predio de Alumbrera. Los activistas fueron acusados de destruir elementos de la empresa.
El atentado contra la sede de Agua Rica, usando una bomba Molotov, no tiene, hasta ahora, imputados. Es que la investigación que también realizó Nieva no encontró responsables y ni siquiera hay sospechosos.
