La derogación del tope salarial que venía afectando a empleados de carrera y profesionales de la administración pública provincial no terminó de satisfacer a los agentes perjudicados que, aseguran, seguirán insistiendo por el reconocimiento del retroactivo por los años que sufrieron la poda de haberes y por una correcta liquidación de sus aportes previsionales, que se venían calculando tras el descuento del haber negativo tope. Y amenazan con llevar esos planteos directamente a la Justicia.
Tal como publicó El Ancasti, el Ejecutivo dispuso, mediante decreto 763/10, la derogación de la regla del tope que venía recayendo sobre los empleados públicos y mantuvo como único tope salarial en la provincia el sueldo del Gobernador, fijado en 13.184 pesos. Con esa medida, unos 600 agentes quedaron liberados del tope salarial y pasarán a cobrar a partir del 1° de julio el sueldo completo.
Sin embargo, los topeados entienden que su reclamo no fue atendido de forma completa. Roberto Díaz, técnico del Ministerio de Educación, aseguró que la lucha seguirá hasta conseguir que la Provincia les reconozca la deuda por los 5 años en los que sufrieron los descuentos aplicados por el decreto 1220/05. También reiteraron la preocupación porque la poda aplicada a los sueldos durante la vigencia del tope supuso una disminución a los aportes previsionales que, como patronal, el Ejecutivo realizaba a la ANSES.
Como la mayoría de los topeados había realizado un reclamo administrativo para reclamar la derogación del decreto que establecía que el límite salarial en todo concepto y en suma de cargos no podía superar la remuneración prevista para el valor índice 1,35, ahora aseguran que el reclamo por el retroactivo seguirá la vía judicial, habida cuenta de que el decreto 763 no contempla el reconocimiento de deuda alguna a favor de los agentes que venían sufriendo la poda de sus haberes.
