El pasado jueves, el gobernador de Mendoza, Celso Jaque, hizo un reconocimiento a los cesanteados de la administración pública provincial que fueron dados de baja por razones políticas o gremiales durante la dictadura militar.
Un total de 94 cesanteados recibió 30 mil pesos. Y desde 2006 a la fecha ya se han entregado 1.300 indemnizaciones.
Los militares aplicaron los decretos 93 y 177 del año 1976 y sin sumario previo, los obligaron a renunciar o los echaron. La mayoría de los cesanteados pertenecían al partido justicialista, o eran militantes o gremialistas.
La ley democrática 7496 de febrero de 2006 estipula un subsidio por única vez de 30 mil pesos a quienes trabajaron en la administración pública y fueron dados de baja entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Entre otros requisitos solicitados figura el de no haber recibido una indemnización a través de reclamos judiciales y que, en caso de fallecimiento del agente, al beneficio lo cobrarían su cónyuge o conviviente con más de 10 años e hijos.
